MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, ha asegurado que el Gobierno trabaja "pensando en el futuro" para anticiparse al reto de la lucha contra el cambio climático con medidas y ha justificado que en este contexto se enmarcan las nuevas Leyes de Evaluación Ambiental y de Costas.
Durante la clausura de la Jornada "Los riesgos del cambio climático" organizada por Fundación Axa y Expansión, Magro ha defendido que este Gobierno ha sido el primero en introducir el cambio climático a la legislación medioambiental y ha añadido que ha dado un "giro total" a estas políticas.
Así, ha recordado que el quinto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha puesto de manifiesto que "ya no caben dudas sobre la dimensión del reto" que representa el cambio climático. "Con toda seguridad, uno de los mayores problemas ambientales a los que debe enfrentarse la Humanidad", ha insistido, al tiempo que ha añadido que se trata de una cuestión "global" que, por tanto requiere de una "conciencia, un compromiso y una solución globales".
Además, ha insistido en que la evaluación de impactos y la adopción de medidas de adaptación al cambio climático constituyen objetivos prioritarios para España y se ha referido a la plataforma Adapta y de AdapteCCA, dos iniciativas lanzadas a través de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).
El primero, Adapta, tiene como objetivo extender el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático al sector privado, acercando la adaptación a la planificación estratégica empresarial, mientras que la Plataforma Española de Adaptación al Cambio Climático (AdapteCCa) servirá para el intercambio de información sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Por otro lado, ha agregado que la Comisión Europea ha felicitado a España por la puesta en marcha de esta Plataforma y ha recordado queel Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) está plenamente alineado con la política europea y constituye el marco general de referencia para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
ASEGURADORAS EN RIESGO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Por su parte, el consejero delegado de AXA España, Jean-Paul Rignault, ha explicado que el ritmo en el cambio de la temperatura media del planeta es 50 veces superior al de cualquier periodo anterior, lo que representa una "amenaza" entre otras cosas, para
la seguridad alimentaria y para la biodiversidad. "Esto multiplica los riesgos a que se exponen las compañías aseguradoras", ha apostillado.
Asimismo, en al jornada han intervenido la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Pilar González de Frutos; la presidenta de UNESPA, y el director general del pool de riesgos medioambientales, José Luis de las Heras.
Rignault ha defendido el papel del sector de las empresas aseguradoras en la mitigación y la previsión de los efectos del cambio climático. "Las compañías aseguradoras tenemos mucho que aportar. Contamos con información geográfica, capacidades en meteorología y climatología, conocimiento de la normativas de construcción, de medicina, toxicología y demografía; nuestros productos pueden inclinar a la sociedad hacia conductas más ecológicas; y podemos ser responsables de una gestión sostenible de los siniestros", ha apostillado.
Por su parte, la directora general de seguros, Pilar González de Frutos, ha asegurado que aunque hay un consenso sobre el aumento de la frecuencia de los siniestros y de su intensidad, por lo que ha destacado la ocupación de las zonas de riesgo y el aumento del valor de los bienes, que redunda en los daños finales.
En su la oferta aseguradora necesita de escenarios de tiempo y espacio de predicción de los siniestros para que disminuya la incertidumbre de la manifestación de los fenómenos.
Mientras, De las Heras ha reclamado más información y concienciación, adecuar las políticas territoriales y medioambientales, soluciones independientes para seguros
independientes y una mayor colaboración público privada.
