El PP pide en el Congreso bonos o ayudas para actividades extraescolares para facilitar la conciliación de las familias

   MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a establecer programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares con el fin de facilitar su conciliación, para su debate en la Comisión de Igualdad.

   Según se desprende de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' exigen establecer programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y evitar que esta recaiga "de forma desproporcionada" sobre las mujeres.

   También abogan por adoptar medidas correctoras de carácter estructural dirigidas a reducir la brecha salarial y laboral de género, actuando sobre la precariedad, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las discriminaciones retributivas, especialmente en los complementos salariales.

   Igualmente, el PP llama a impulsar un "sistema efectivo" de conciliación y corresponsabilidad, garantizando el acceso universal y gratuito mediante un modelo de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, a la educación infantil de 0 a 3 años, "como herramienta clave para favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo y reducir las interrupciones laborales asociadas a los cuidados".

   En esta misma línea reclama regular y desarrollar "plenamente" el permiso parental retribuido, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Así, la formación pide que se garantice su carácter remunerado, "suficiente y corresponsable", para "evitar impactos negativos en la carrera profesional de las mujeres". Para ello, insta al Gobierno a proceder a su transposición, cuyo plazo recuerda que "ya ha sido incumplido".

   De la misma manera, apuesta por abordar la brecha de género en el sistema de pensiones distinguiendo sus dos dimensiones estructurales: por un lado, impulsar las medidas de corrección en origen recogidas en esta proposición, "orientadas a igualar trayectorias laborales y bases de cotización entre mujeres y hombres, como vía principal y sostenible de equiparación de pensiones a largo plazo".

   Por otro lado, pide garantizar la suficiencia de las pensiones de aquellas mujeres cuyas trayectorias laborales ya no pueden ser corregidas, mediante medidas de solidaridad financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con cotizaciones sociales.

   Finalmente, recomienda evaluar periódicamente el "impacto real" de las políticas de igualdad en términos de resultados, utilizando indicadores "objetivos" de brecha salarial, laboral y de pensiones, y adaptando las medidas públicas en función de su eficacia, encomendando dicha evaluación a un organismo independiente "que garantice la objetividad y el rigor de los resultados".