MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas estableció hace ahora 27 años que se considera niño a todo ser humano menor de 18 años porque esa era la edad más frecuente en que se consideraba el paso a la edad adulta en los distintos países, aunque en algunos lugares de África se alcanza a los 13 años y en otros, como en Estados Unidos, no llega hasta los 21. Los límites, tanto inferiores como superiores, siguen a día de hoy bajo discusión y en España están difuminados pues el listón varía en función de la materia de que se trate.
"La definición de niño y sus edades se aborda bastante tanto en el seno de la Convención como en el Comité de los Derechos del Niño en distintos planos y áreas. En nuestra opinión es el adecuado y además, necesario porque tiene que haber un límite legal, sobre todo en términos de capacidad jurídica, pero es cierto que hay que tener en cuenta la autonomía progresiva porque eso nos lleva a veces a regular para edades contradictorias", explica la analista jurídico de derechos de infancia de Save The Children, Catalina Perazzo.
En declaraciones a Europa Press, señala que si bien en España oficialmente son niños todos los menores de 18 años, en la práctica "hay cierta indefinición" y se encuentran regulaciones de "edades contradictorias". Pone algunos ejemplos: Se tiene en cuenta la opinión del niño en el proceso judicial si tiene ya 12 años y a partir de los 14 puede tener un arma o ser imputado penalmente, pero no es hasta los 16 cuando puede casarse o trabajar y ha de cumplir 18 para beber alcohol, conducir o votar.
"Nosotros pedimos que se defina el alcance del concepto sobre todo porque tiene mucho impacto", señala Perazzo, quien incide así en la importancia de homogeneizar los límites de edad en España. No obstante, incide en que "una cosa es para proteger y otra para acceder a derechos".
"En Salud, por ejemplo, las decisiones son personalísimas, es decir, como es algo que te afecta directamente, nadie puede tomar las decisiones por ti. Nosotros defendemos que se tiene que escuchar al niño en cualquier caso, aunque luego se decida lo que sea mejor para él, pero siempre tenerle en cuenta porque no se puede sustituir su consentimiento. En este ámbito, no queremos que se eleve la edad mínima, sino que se elimine, como dicen los estándares internacionales", añade.
Mismo argumento expone cuando se trata de la escucha del menor. A juicio de Save The Children se debe atender al niño en cualquier procedimiento judicial que le afecte independientemente del grado de madurez que tenga, pues es responsabilidad de la Administración garantizar que se le facilitan las herramientas necesarias para poder expresarse. Pone como ejemplo los dibujos o los muñecos que se utilizan para recabar el testimonio de niños de edades tempranas en casos de maltrato o abuso.
La edad límite de los 18 tiene no obstante, otra cara. Si en la generalidad de los hogares no implica cambios sustanciales en la protección y el acompañamiento que brindan las familias a los hijos, cuando se trata de tutelados, ya sean extranjeros o españoles, la cosa cambia, porque la Administración se retira, pierden la tutela pública y todo el apoyo quizá sin estar aún preparados para una auténtica emancipación.
"Lo llamamos el cumpleaños infeliz. A los 18 cesa la tutela de la comunidad autónoma pero la responsabilidad de la Administración no debería cesar. En los proyectos educativos individualizados se debería tender a la autonomía, igual que ocurre en nuestras propias casas, donde lo normal es que el joven se vaya cuando pueda y para ello, la familia le dota de una serie de herramientas y habilidades", señala.
"Nosotros en este caso --prosigue la experta--, somos la familia de estos niños y la Administración tiene que garantizar que puedan continuar su formación, trabajar con un mínimo de garantías en el mercado laboral y sobre todo, que no tengan que preocuparse de dónde dormir o de su situación administrativa".
A su juicio, falla por "falta de voluntad política y de definición clara" porque sí hay comunidades autónomas, como el País Vasco, donde existen recursos post tutela que acompañan a estos adultos recientes en el periodo posterior al centro de acogida. Ese es el camino, según afirma, porque lo contrario implica que se invierte mucho hasta los 18 años y al día siguiente, "se tira todo a la basura". "Debería ser una prioridad en la reflexión de reforma del sistema de acogida", asegura.
