La Defensora urge al Sindíc a enviarle el caso del inmigrante con hijos nacidos en España interno en el CIE de Barcelona

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Defensora del Pueblo ha remitido un escrito al Sindíc de Greuges en el que le apremia a enviarle el expediente de un inmigrante georgiano que se encuentra recluido en espera de expulsión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, y que tiene dos hijos menores de edad, uno de los cuales ha nacido en España.

La petición, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido enviada tanto al Sindíc como al Ministerio del Interior y está motivada por el anuncio realizado esta semana ante los medios de comunicación del propio defensor catalán, Rafael Ribó, quien habló de dos internos del CIE de Zona Franca que, teniendo hijos nacidos en España, iban a ser expulsados.

El Sindíc tiene competencias para la supervisión de los organismos autonómicos, de modo que es el Defensor del Pueblo quien tiene la capacidad de dirigirse al Ministerio del Interior para recabar información y elevar recomendaciones, si conviene, tendentes a paralizar la expulsión de estas personas, pero si Ribó no le envía el expediente, no puede actuar.

La Alta Institución le demanda una "respuesta urgente" ya que, conforme señala en la misiva, "la falta de intervención podría ocasionar perjuicios irreparables" a estas personas y "podrían estar en juego sus derechos fundamentales".

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el abogado de los afectados, Xavier Hereu, los dos internos a los que se refiere el caso son de nacionalidad georgiana y están pendientes de expulsión por estancia irregular en España, aunque sólo uno de ellos tiene hijos.

Se trata de David B., que vive desde hace siete años en Girona con su mujer, también georgiana, y sus dos hijos. La mayor tiene 12 años y está escolarizada en Cataluña y el menor, de dos años de edad, ha nacido en el municipio. La orden de expulsión le fue incoada en un control policial callejero en Girona. Ocurrió en el año 2007 y hasta este mes de marzo, las autoridades no han tratado de ejecutarla.

El abogado argumenta que las circunstancias personales de David B. han cambiado mucho desde que se abrió el procedimiento sancionador, ya que entonces estaba sólo en España buscando trabajo, mientras que ahora tiene con él a su familia, con una hija que "habla perfectamente catalán y castellano" y un bebé alumbrado en Cataluña.

Por su parte, el también georgiano Salva R. tiene la orden de expulsión desde "hace menos tiempo, como unos dos años" y alega arraigo en España porque estando en el país contrajo matrimonio con una mujer de nacionalidad ucraniana que vive y trabaja en Cataluña.

El letrado ha explicado que no se puso en contacto con el Sindíc, que intervino "por su cuenta", ni con el Defensor del Pueblo porque aún hay recursos judiciales vivos. Sus representados llevan dos semanas en huelga de hambre y están heridos, ya que "se han autolesionado" para evitar una posible expulsión que estaba prevista para este viernes.

El lunes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recorrerá el CIE de Zona Franca, en su primera visita pública a estas instalaciones policiales cuyo reglamento de funcionamiento está pendiente de aprobación desde hace dos años.