El fiscal Gordillo apuesta por limitar la emisión de imágenes de llegada de pateras o accidentes de tráfico

MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo se mostró hoy a favor de informar sobre la llegada de pateras o de accidentes de tráfico, aunque aseguró que no deberían publicarse o emitirse en los medios de comunicación imágenes concretas de las personas afectadas en este tipo de sucesos, que "no suponen más que un ataque a la dignidad de las mismas".

Gordillo, que ofreció hoy en Málaga la conferencia titulada 'Los pilares básicos de la información judicial', dentro de las jornadas 'Informar en justicia', consideró que dar determinadas imágenes de estos hechos o de catástrofes "no es información", al precisar que "las personas, aunque hayan fallecido, siguen teniendo su dignidad".

"No es admisible la publicación de imágenes de personas víctimas de agresiones, de accidentes de tráfico o que vienen en patera", insistió el representante del ministerio público, quien sí abogó por informar sobre esos hechos pero "no dar imágenes de las personas porque se puede atentar a su dignidad".

En este punto, recordó que en España, en los atentados terroristas del 11-M, "no se publicaron imágenes espantosas que se dieron y se respetó la dignidad de las personas". "Hemos aprendido mucho en estos temas de terrorismo", apostilló, al tiempo que entendió que tampoco se deberían dar en las informaciones nombres de imputados que no sean cargos públicos "mientras que no haya al menos una acusación".

Gordillo habló de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de sentencias en las que se hace referencia al derecho a la imagen o la intimidad, poniendo como ejemplo las dictadas a raíz de la emisión de la muerte del torero Paquirri o la publicación de una foto del financiero Javier de la Rosa comiendo un bocadillo en su celda de la cárcel.

También aludió a casos recientes como la portada de 'El Jueves' sobre los Príncipes de Asturias o la quema de fotos del Rey, respecto a lo que afirmó que "pensar no es delito, porque no se condena la forma de pensar" y recordó que lo que se protege en la Constitución "es la institución de la Corona".

ESCUCHAS Y REGISTROS.

Por otro lado, en su opinión, la publicación de transcripciones de escuchas telefónicas o imágenes de registros domiciliarios recogidos en los sumarios "podría suponer la nulidad del proceso", aunque, posteriormente, matizó que no todas las informaciones de este tipo dan paso a nulidades, "aunque lo pidan los abogados", puesto que habría que tener en cuenta varios aspectos de cada caso concreto.

Preguntado por la emisión de imágenes de domicilios de imputados en el caso 'Malaya', como el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, dijo no conocer en profundidad el tema, pero apuntó que "la Policía no ha actuado correctamente" al difundirlas, puesto que "son diligencias para investigar no para publicar".

Aseguró que, en general, "gracias a la labor periodística se ha investigado mucho en España", poniendo como ejemplo el caso Gal, y precisó que para la lucha contra determinados delitos como la corrupción o incluso el terrorismo en algunos casos "si no fuese por esa información no habría habido investigación".

"Nos ha sustituido en ocasiones en la tarea del ministerio fiscal", apuntó Gordillo, aunque indicó que los periodistas tienen que "valorar la repercusión de sus informaciones en el proceso". En este sentido, señaló que "hay un periodismo serio y profesionales que pasan horas y horas", pero estimó que "se puede mejorar".

Así, entendió necesario tener claros unos pilares "básicos", como la presunción de inocencia y los derechos a un juicio justo y a unas garantías pre-procesales y procesales. "La crítica es buena en una sociedad democrática, pero tiene sus límites en la propia Constitución", aseveró.

CRIMINALIZACIÓN.

El fiscal consideró que el derecho penal debe ser "el último paso" y que "se deben buscar más soluciones que la penal". Así, lamentó que se está llegando "a criminalizar conductas administrativas", por lo que entendió que ya no es un principio de intervención mínima, "sino que vamos a un principio de intervención máxima".

"No puede ser que cuando hay algún problema se modifique el Código Penal porque vamos a una criminalización total", apuntó, al tiempo que añadió, en el mismo sentido, que es "discutible" que la única medida frente a los accidentes de tráfico sea el ámbito penal.