El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a su llegada para hacer entrega del Informe anual 2023 del Defensor del Pueblo, en el Salón de Pasos Perdidos, a 22 de marzo de 2024, en Madrid (España). El Defensor del Pueblo ha entregado el Informe Anual de 2023 - Eduardo Parra - Europa Press
Sigue con "especial atención" la situación y en 2024 tiene previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo considera necesario dotar a las Islas Canarias de "infraestructuras adecuadas" y de "personal especializado" en las llegadas para la identificación, acogida e integración de los niñas y niños migrantes no acompañados, según consta en su Informe Anual, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados y recogido por Europa Press.
Al respecto, la institución indica que, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, 4.700 niñas y niños no acompañados se encontraban, al finalizar el año 2023, bajo su guarda o tutela en una red de 66 dispositivos de acogida inmediata que "ya venía soportando una gran presión". Las islas que más personas recibieron durante el año pasado fueron El Hierro y Lanzarote.
"Resulta preciso urgir la adopción de medidas complementarias urgentes que se centren en paliar la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema de protección de menores canario", subraya el Defensor en el documento.
El Defensor del Pueblo realizó en 2023 dos nuevas visitas a Canarias, durante las cuales acudió a centros de protección de menores y mantuvo entrevistas con todos los actores implicados. Tras ellas, a pesar de constatar que se habían producido "avances" en los últimos años, se identificaron "varios retos".
En este contexto, la institución considera necesario dotar a las islas de "infraestructuras adecuadas y de personal especializado" en las llegadas para la identificación, acogida e integración de los menores.
Asimismo, la institución ha recomendado la "revisión del protocolo para la derivación de personas sin documentos, cuya minoría de edad pueda resultar dudosa, al recurso adecuado". Además, recuerda que hasta que exista una norma específica reguladora de la determinación de la edad, "la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia mantiene el criterio de que si la persona interesada aporta un acta de nacimiento o un pasaporte que no han sido impugnados, no es razonable considerarla indocumentada, a efectos del citado artículo 35.3".
A pesar de ello, el Defensor del Pueblo ha puesto sobre la mesa que recibe "numerosas" quejas en las que se pone de manifiesto que este criterio jurisprudencial "no siempre se aplica".
Por otra parte, la institución ha insistido en la necesidad de identificar a los menores con necesidades de protección internacional o víctimas de trata, y la de poner en marcha el mecanismo previsto en el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería para realizar convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de estos y descongestionar los servicios de protección más tensionados. La institución ha sugerido cambios legales para regular la acogida de menores en las diferentes comunidades autónomas.
En su opinión, la situación actual exige que, "sin más demora", se exploren todas estas vías. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha informado de la creación de un grupo de trabajo para ello.
"La puesta en marcha de todas o, al menos, de algunas de las medidas aludidas permitirían descongestionar la sobreocupación de los recursos de emergencia en Canarias, identificar los perfiles más vulnerables y agilizar la inserción sociolaboral de los que alcanzan la mayoría de edad", ha añadido.
Por último, el Defensor del Pueblo ha asegurado que sigue con "especial atención" la situación de los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y en 2024 tiene previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto.
