España aplicará el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo sin una ley nacional que adapte los recursos judiciales

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

España aplicará el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo --que entra en vigor el viernes 12 de junio-- sin una ley nacional que adapte los recursos judiciales.

"Lo primero que tengo de trasladarles es que previsiblemente no va a haber una ley que realice una implementación de estos reglamentos para el proceso contencioso administrativo que es de lo que yo voy a hablar, de la aplicación en el recurso contencioso administrativo y los elementos que están alrededor. Dos, es previsible que sí la haya pero, evidentemente, para el día 12 no va a estar", ha asegurado este lunes el abogado del Estado, Luis Gonzaga.

Así lo ha expresado en la jornada sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y su impacto en la asistencia jurídica, celebrada en el Consejo General de la Abogacía Española.

El abogado del Estado también ha alertado de que el nuevo pacto supondrá una reducción muy significativa de los plazos para recurrir determinadas resoluciones. Mientras que actualmente los recursos contencioso-administrativos disponen con carácter general de un plazo de dos meses para su presentación, la nueva normativa europea establece plazos mucho más breves para los procedimientos acelerados y de frontera, que oscilarán entre cinco y diez días. Asimismo, ha precisado que estos mismos límites temporales serán aplicables a las decisiones de retorno, independientemente de que se dicten conjuntamente con la resolución sobre la solicitud de protección internacional o de forma separada.

Además, los nuevos plazos para recurrir resoluciones se computarán en días naturales, incluidos festivos, una modificación que, a su juicio, es el tema que "más va a afectar" a abogados.

Por su parte, la subdirectora adjunta de Protección Internacional del Ministerio del Interior, Gemma Campillos, ha destacado que una de las principales novedades del Pacto Europeo de Migración y Asilo será que las solicitudes de asilo rechazadas podrán llevar aparejada una decisión de devolución desde el mismo momento de la resolución.

"En el caso de que no se conceda (protección internacional), una de las novedades del pacto es que se debe dictar al mismo tiempo una decisión de retorno. Incluso dice que tiene que ir en la misma resolución denegatoria de protección internacional, aunque se permite que vaya en una decisión separada", ha expuesto.

Durante el acto, Campillos ha explicado que el nuevo marco normativo europeo ha sido diseñado para garantizar una "transición fluida" entre los distintos procedimientos migratorios y evitar interrupciones que dificulten la ejecución de las decisiones administrativas.

Del mismo modo, ha indicado que "la concepción del pacto es circular", al explicar que una persona que llegue de forma irregular a la Unión Europea pasará primero por un proceso de triaje y, en función de si solicita protección internacional o no, será derivada a un procedimiento de asilo o a uno de retorno.

Otra de las novedades será la ampliación del sistema de identificación biométrica. Durante el triaje se tomarán huellas dactilares y una fotografía facial que se incorporarán a la base de datos europea Eurodac, que dejará de estar centrada exclusivamente en solicitantes de asilo para incluir también información sobre personas migrantes en situación irregular.

Mientras, la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Noemí Alarcón, ha reclamado más medios económicos, organizativos y formativos para la abogacía con motivo de la entrada en vigor del Pacto.

A su juicio, la correcta aplicación del pacto no puede depender del "buenismo" de los profesionales y requiere recursos suficientes para garantizar una asistencia jurídica especializada y de calidad, especialmente en ámbitos como la protección de menores.

"NO PUEDE CONSISTIR EN EL BUENISMO"

"Y es que una cosa que viene muy subrayado en el pacto es que nosotros también tenemos que contar con medios suficientes para poder prestar esta asistencia de calidad. Esto no puede consistir en que nosotros debamos asumir a través del voluntariado o desde el buenismo de los profesionales, sino que los profesionales también necesitamos recibir una formación muy determinada en determinados ámbitos", ha subrayado.

De la misma manera, ha alertado de que el pacto introduce plazos más breves para recurrir decisiones administrativas. Según ha explicado, las reducciones de tiempo podrían dificultar la preparación de recursos efectivos y comprometer la protección de los solicitantes de asilo. Si bien, ha señalado que la presentación de recursos no implicará automáticamente la suspensión de una expulsión o devolución, por lo que será necesario solicitar medidas cautelares para evitar la salida del territorio mientras se resuelve el procedimiento.

Igualmente, el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda, ha reivindicado "lugares dignos" para que se pueda prestar asistencia jurídica de calidad. "Quienes vamos a dar respuesta día a día, asistiendo jurídicamente a todas las personas que soliciten asilo, seremos los abogados y las abogadas. 83 colegios de abogados de la abogacía darán respuesta", ha recalcado.