Gabilondo pide cambiar la normativa deportiva para que menores extranjeros accedan a deporte federado

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo pide que se promuevan las modificaciones de la normativa deportiva, "con la finalidad de garantizar el derecho de los menores extranjeros a obtener licencias federativas en condiciones de igualdad y con independencia de su situación administrativa en España".

Así se desprende del Informe Anual de la actividad del 2025 de la institución, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Según aborda en el documento, consultado por Europa Press, esta propuesta surge tras analizar los preceptos de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, que regulan el derecho de los extranjeros sin residencia legal a acceder al deporte federado.

En este sentido, indica que, aunque no presentó recurso de inconstitucionalidad, emitió una recomendación "por estimar que una interpretación sistemática y finalista de los preceptos de la norma lleva necesariamente a entender que la ley no niega a los extranjeros sin residencia legal la titularidad del derecho, con la finalidad de evitar prácticas contrarias a su ejercicio".

Inicialmente, expone que la Administración aceptó la recomendación, pero, posteriormente, agrega que esta indicó que sería necesario un cambio normativo, situación recogida en los informes anuales del Defensor del Pueblo de 2023 y 2024.

De la misma manera, asegura que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a impulsar, "con la mayor celeridad posible", las reformas legales necesarias para eliminar el requisito de residencia legal en España, con el fin de garantizar el acceso equitativo al deporte.

Por otro lado, reiteró ante el Consejo Superior de Deportes la "posible situación de indefensión" de los deportistas accidentados y sus familias, ante "la falta de aplicación efectiva del seguro obligatorio y la necesidad de actualizar su regulación". Durante la actuación fue modificado el precepto legal correspondiente, y se fijó un plazo de seis meses, desde el 25 de julio de 2025, para su desarrollo reglamentario.