El Gobierno crea un registro para que sindicatos y ONG tramiten expedientes de extranjería en nombre de migrantes

Las inscripciones tendrán una validez de cuatro años, con posibilidad de renovación si las entidades siguen cumpliendo los requisitos

Archivo - Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, a 30 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, a 30 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
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Publicado: jueves, 5 marzo 2026 11:33

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la creación de un Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, una nueva herramienta que permitirá a sindicatos y organizaciones sociales presentar y gestionar trámites administrativos de migrantes ante la Administración.

Así se desprende de una orden del 2 de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tiene como objetivo "facilitar" el acceso a los trámites de extranjería.

En este sentido, la norma, que entrará en vigor este viernes, regula el funcionamiento de este registro y establece qué entidades podrán inscribirse para actuar como representantes de las personas extranjeras en procedimientos relacionados con permisos de residencia, trabajo u otros trámites administrativos. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca ampliar las vías de representación disponibles para quienes necesiten realizar gestiones ante las autoridades de extranjería.

Igualmente, establece que podrán inscribirse en el nuevo registro las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma y las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España al menos tres años antes a la fecha de solicitud de la inscripción en el registro, cuyos fines o actividades institucionales, según sus propios estatutos o en base a los programas que desarrollen, estén vinculados al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Las entidades interesadas deberán cumplir varios requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio de su actividad, así como tampoco haber sido sancionadas en los últimos tres años por infracciones en materia de extranjería, normativa laboral o protección de datos.

Además, será necesario acreditar una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a extranjeros, mediante la presentación de documentación que demuestre la realización continuada, durante al menos dos años, de actividades vinculadas a la atención, asesoramiento, integración social o tramitación administrativa de personas migrantes o solicitantes de protección internacional.

Esta acreditación, indica la orden, podrá incluir memorias de actividad, certificaciones de proyectos de asistencia a personas migrantes, convenios, informes de entidades financiadoras o cualquier otro documento que permita comprobar la efectiva prestación de dichos servicios, así como la identificación del personal responsable y los recursos utilizados.

Cada organización inscrita deberá elaborar un censo de personas autorizadas para realizar los trámites en nombre de los migrantes. En esta línea, la orden señala que no podrán solicitar su inscripción en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería aquellos sujetos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de los convenios celebrados por la Administración General del Estado para la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica en materia de extranjería.

REPRESENTACIÓN GRATUITA

La normativa establece que la representación realizada a través de este sistema tendrá carácter gratuito, por lo que las entidades no podrán cobrar a los migrantes por realizar estos trámites dentro de este marco. Además, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad de las personas habilitadas para actuar como representantes.

El registro dependerá de la Secretaría de Estado de Migraciones y será gestionado por la Dirección General de Gestión Migratoria. Las inscripciones tendrán una validez de cuatro años, con posibilidad de renovación si las entidades siguen cumpliendo los requisitos establecidos y presentan una memoria o auditoría externa.

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