Archivo - Decenas de personas en un cayuco a su llegada al muelle de La Restinga, a 4 de noviembre de 2023, en El Hierro, Islas Canarias (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo
La cesión, que afecta a más de un centenar de procedimientos, se acompañó de una partida de más de 1,3 millones de euros
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno traspasó ya en 2009 a Cataluña la gestión de las autoridades iniciales de trabajo para migrantes, según recoge el Real Decreto 1463/2009, de 18 de septiembre, que también muestra que el Ejecutivo, liderado entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acompañó está cesión a la Generalitat con más de 1,3 millones de euros para que llevase a cabo esta función.
"Esta competencia, que se ejercerá en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros, incluye: a) la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena y b) la tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere la letra a) y la aplicación del régimen de inspección y sanción", precisa el Real Decreto, que hace referencia tanto al artículo 149 de la Constitución como al artículo 138.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
De este modo, desde hace 15 años todos aquellos permisos de residencia que incluyan autorizaciones de trabajo iniciales son competencia del gobierno autonómico catalán, tal y como ha confirmado en declaraciones a Europa Press el experto en extranjería, inmigración y nacionalidad española y director General de Legalteam, Guillermo Morales, en relación al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, con el que, según los independentistas, se traspasarán de forma "integral" las competencias de inmigración en la Generalitat.
Morales ha apuntado que, por lo que se sabe del acuerdo, el texto pactado hace referencia al artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado podrá transferir a las CC.AA mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal.
Sin embargo, ha recalcado que hay otro artículo, el 149, que "no tiene menos peso" y dice que el Estado tiene competencia "exclusiva" en las materias de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo".
"NO ES NADA NUEVO"
"Esto no es nada nuevo. Desde 1979 a 2011, con gobiernos de todos los colores, más de 200 materias distintas se han transferido del Estado a las comunidades autónomas", ha asegurado Morales.
Morales ha precisado así que la Generalitat ya tiene "ciertas competencias en materia de extranjería", que no se deben confundir con inmigración. Concretamente, ha estimado que la Generalitat ya tiene transferidos más de un centenar de procedimientos en materia de Extranjería.
Como ejemplo, ha señalado que si un extranjero quiere modificar una autorización de residencia por arraigo -que es el trámite, según asegura, más solicitado- esa primera autorización es competencia del Estado, hacia un permiso inicial de residencia y trabajo ya es competencia de la Generalitat.
"La Generalitat de Cataluña dicta una resolución en catalán y en castellano, y en la parte superior izquierda tiene el logo de la Generalitat, y en la parte superior derecha tiene el logo de la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque resuelve en materia de trabajo la Generalitat y en materia de residencia el Gobierno español", ha comentado, especificando que en el resto de CC.AA todas estas competencias las ejerce el Estado.
Por otro lado, y a la espera de conocer el alcance del pacto migratorio, Morales ha puesto de manifiesto sus dudas respecto a la amplitud del mismo, por ejemplo, en relación al control de fronteras. "¿Qué competencia puede tener una comunidad autónoma si nos atenemos al artículo 149 sobre las fronteras? ¿Cómo vamos a regular? ¿Cómo va a regular? Si existiera una frontera entre Cataluña y España, vale, pero es que abrir una frontera por un lado cuando no hay fronteras entre Cataluña y España, ¿cómo puede regularse ese flujo migratorio?", se ha preguntado.
La opinión de este experto y del equipo de Legalteam es que el asunto "terminará en el Constitucional". "Habrá que esperar a ver cómo termina todo esto, hay más preguntas que respuestas, no sabemos si se tratará del término 'transferencia' o 'delegación', y de lo que estamos convencidos es que terminará en el Constitucional", ha augurado apuntar que el supuesto pacto les parece un "atraco a la soberanía nacional".
"INCLUYE TODAS LAS ATRIBUCIONES"
Precisamente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este jueves que el acuerdo firmado en la víspera con Junts para traspasar a Cataluña las competencias de migración incluye todas las atribuciones en esta materia que a día de hoy están en manos del Estado.
"Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración", ha afirmado.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha explicado que la cesión en las competencias de inmigración se hará mediante "una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y se hará delegando las competencias plenas".
"Nuestro país está preparado para asumir un tema en el que el Gobierno español no ha estado a la altura", ha sostenido Nogueras, ya que a su juicio no han sabido dar respuesta a problemas que afectan muchísimo a Cataluña.
Igualmente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que aspira a que Cataluña pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes: "Tenemos que mirar en qué condiciones nosotros a estas personas se las puede echar".
Además, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha expuesto que el pacto alcanzado con el PSOE permitirá a Cataluña decidir sobre el reparto de migrantes a las comunidades autónomas.
