MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -
Un 63 por ciento de los extranjeros detenidos el pasado año por cometer alguna infracción penal residían de forma legal en España, según consta en la respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PP Rafael Antonio.
Así, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que de 88.820 detenidos extranjeros en 2006, 32.308 se encontraban en situación irregular en España, mientras que más de 56.000 tenía sus papeles en regla.
Por otro lado, el número de penados extranjeros en las cárceles españolas se ha más que duplicado en los seis últimos años, según el jefe de Área de Colectivos Especiales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Madrid, Julián García García. Así, si en diciembre de 2000 había 9.174 internos extranjeros, en diciembre de 2006, la cifra alcanzaba los 21.039, suponiendo el 32 por ciento del total de la población reclusa en España.
García García, que participó recientemente en Pamplona en el XVII Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo, organizado por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), señaló que la expulsión de penados extranjeros sin residencia legal, cuyo carácter "cuasi" imperativo fue introducido en la reforma del Código Penal de 2003, es una medida mayoritariamente criticada en la doctrina y algunas resoluciones del Tribunal Supremo.
En cualquier caso, precisa que la denominada expulsión automática (sustitución de la condena por la expulsión), no es tal en la práctica. Así, en 2006, fueron expulsados 1.043 extranjeros irregulares condenados a penas inferiores a seis años de prisión, frente a un total de 5.603 penados extranjeros con condenas similares. Es decir, las expulsiones no alcanzan el 20 por ciento.
Aún más, la expulsión se convierte en una medida excepcional cuando se trata de condenados a seis o más años de prisión: 52 expulsados de un total de 4.622 condenados el pasado año.
De la misma manera, el traslado de extranjeros penados a su país de origen para cumplir allí la condena es escasamente eficaz, según García García, primero por el bajo número de solicitudes (300 al año) y segundo, por las posteriores renuncias y la dilación en el tiempo de tramitación de los expedientes, alrededor de un año.
Finalmente, García García señala que hay datos indicativos de que el 40 por ciento de los internos que no regresan de un permiso penitenciario eran extranjeros, mientras que estos sólo representan un 32 por ciento de los penados.