ONG expresan su preocupación y rechazan el inicio de los trámites de repatriación de estos niños "sin la debida asistencia letrada"
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Infancia ha pedido al Gobierno que "garantice los derechos" de los niños y niñas marroquíes que puedan ser objeto de una eventual repatriación a Marruecos, en virtud del pacto bilateral para retornar a los menores extranjeros no acompañados (MENA) firmado en 2013 y que hasta ahora no había sido aplicado.
El Gobierno español y el marroquí han puesto en marcha el proceso de devolución de menores marroquíes no acompañados acogidos en España reactivando. Dentro de este proceso, 23 niños tutelados por la Comunidad de Madrid han sido convocados por la Fiscalía de Menores para ser entrevistados por la Fiscalía y una delegación marroquí. El objetivo es proceder a su identificación para un "eventual" inicio del correspondiente procedimiento de repatriación al país alauí.
En este sentido, Plataforma de Infancia ha reclamado "un proceso respetuoso encaminado a la búsqueda del interés superior del niño, esto es, de la mejor solución para cada niño, nunca soluciones generales, y en el que, desde el primer momento, los niños puedan defender su opinión y voluntad libremente".
Así, ha mostrado su preocupación por el inicio de los trámites de repatriación de estos niños "sin la debida asistencia letrada". Según ha recordado, de acuerdo con la ley, "únicamente podría llevarse a cabo una repatriación tras un proceso en el que después de valorar las circunstancias de cada caso individual, incluyendo la situación en origen, se considere que la repatriación es lo mejor para cada uno de estos niños".
"La ausencia de asistencia jurídica en dichas entrevistas supone una clara vulneración del derecho a ser oído de estos niños", ha explicado el presidente de la Plataforma de Infancia, Adolfo Lacuesta. "El Comité de los Derechos del Niño es muy claro, únicamente podrá determinarse el interés superior de un niño si se le ha escuchado previamente de manera efectiva", sostiene.
En esta línea, han subrayado que "no es la primera vez que esto ocurre" ya que desde 2003 a 2008 se llevaron a cabo en España repatriaciones sin garantías a las que puso fin el Tribunal Constitucional con una sentencia de 2008. El Tribunal consideró que ninguna de las administraciones que intervenían en el procedimiento de repatriación estaba haciendo valer el derecho a ser oído del menor y reconoció el derecho que tenía a contar con un abogado que lo defendiera.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también mostró su preocupación en 2010 por los casos de repatriaciones de niños extranjeros sin las garantías necesarias como el acceso a un abogado, servicios de interpretación, el examen del interés superior del niño y su respeto a ser oído y solicitó a España que adoptara todas las medidas necesarias para evitar los procedimiento irregulares en la expulsión de niños, niñas y adolescentes no acompañados.
PROCEDIMIENTO "SIN GARANTÍAS"
Otras ONG, como Save the Children, también han alertado sobre la falta de garantías en este procedimiento. Esta organización ha reclamado que "no se materialicen las deportaciones de menores no acompañados a Marruecos cuando el proceso no se haya realizado con todas las garantías legales, no se hayan tomado en cuenta todas las circunstancias del menor, no existan todas las garantías de seguridad y bienestar de los menores en su país de origen y cuando se intente hacer en contra de su voluntad o sin ser escuchada su opinión".
Asimismo, ha insistido en que las administraciones deben poner todos los medios necesarios para escuchar de forma efectiva al menor. "Las distintas administraciones deben velar por el interés superior del menor, por su seguridad y bienestar. Un menor no acompañado se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, requiere atención especializada y un seguimiento de su evolución para evitar, en la medida de lo posible, que llegue a la edad adulta con una vida rota", ha explicado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.
Según recalca, si los menores "se vieron en la necesidad de huir solos de sus lugares de origen", retornarlos "sin garantizar que las condiciones de origen son verdaderamente seguras puede exponerles a situaciones altamente perjudiciales".
La organización recuerda que todos los Estados están obligados a atender de manera individualizada las circunstancias que han llevado a cada persona a intentar entrar en su territorio, prestando particular atención si se trata de un perfil que necesita protección, como un niño no acompañado.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han alertado de que esta actuación es "un giro más en la merma de los derechos de la infancia migrante por parte de las instituciones competentes, que no tiende a la búsqueda de la solución más duradera y garantista".
A su juicio, ante las circunstancias en sus países de origen, el empobrecimiento, la violencia intrafamiliar, familias disfuncionales o desestructuradas y la falta de derechos sociales y perspectivas de futuro, la repatriación "no es la respuesta adecuada".
Además, han señalado que la repatriación de los niños y niñas a su país de origen "responde obviamente a la xenofobia que atraviesan las políticas migratorias al primar su circunstancia migratoria antes que el hecho de ser niños y niñas".
Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha iniciado el proceso para paralizar la deportación de los 23 menores no acompañados. Según ha denunciado, el Gobierno ha comenzado a retornar "sin aclarar los criterios de selección de los mismos, garantizarles acceso a letrado ni información previa". La Red ha denunciado por escrito estos hechos ante la Defensoría del Pueblo y del Menor y se ha dirigido a la Fiscalía de Menores de Madrid.
Desde Andalucía Acoge, han expresado su "preocupación" sobre si "se están respetando todas las garantías en el proceso y si a estos menores se les están respetando sus derechos". "Con esta medida se está priorizando el control de los flujos migratorios frente a la protección de los menores, insistiendo en las posibilidades de repatriación en vez de mejorar las deficiencias palpables del Sistema de protección a la infancia en España", sostienen.
