Sumar avisa de que la negociación para regularizar migrantes "dependerá de cómo vean" la propuesta del PSOE las ONG

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha avisado de que la negociación sobre el borrador del PSOE que modificaría la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de personas extranjeras "dependerá de cómo vean" la propuesta las organizaciones promotoras de la ILP.

"A nosotras nos va a parecer bien cuando a ellas (las ONG) les parezca bien", ha explicado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, en esta cuestión, Sumar va "de la mano" del movimiento 'Regularización Ya' y las distintas organizaciones que están detrás de la iniciativa legislativa.

Martínez Barbero ha dicho que ya están negociando los términos del borrador y ha insistido en que "los plazos tienen que ser lo más ágiles posible". Según ha argumentando, hay "cientos de miles de personas" esperando por este proceso y siendo considerados "ciudadanos de segunda solo por una cuestión de plazos".

En este sentido, la portavoz de Sumar ha reiterado que hay dos cuestiones del borrador que les preocupan. En primer lugar, el plazo que se tiene en cuenta para la regularización. "Si el plazo es el 31 de diciembre de 2024, va a ser un problema para muchísimas personas, para miles de personas. Y para nosotras este plazo tiene que ser la entrada en vigor de la norma", ha apuntado.

Por otro lado, Verónica Martínez Barbero ha destacado el plazo para el desarrollo reglamentario, algo "esencial" porque será el que permita aplicar efectivamente estas medidas "excepcionales y que las personas vean por fin reconocida una legalidad que nunca debía estar en duda" en España. "Para nosotras, el plazo para el desarrollo de un reglamento que tiene que estar ya más que pensado, como máximo, tendrá que ser de dos meses", ha subrayado.

La semana pasada, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a los grupos una propuesta para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una "autorización de circunstancias excepcionales única".