Castilla y León señala que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental transmite una garantía a la sociedad en proyectos como los de fracking
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos autonómicos de Aragón y Asturias han criticado este lunes el anteproyecto de ley de Parques Nacionales porque consideran que invade competencias de las comunidades autónomas y, en el caso del Ejecutivo asturiano, porque además estima que no se debería modificar la legislación en este ámbito con "tanta frecuencia".
Tras participar en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por el ministro Miguel Arias Cañete, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Modesto Lobón, ha explicado a los periodistas que se ha opuesto a dicha ley porque, según el Gobierno aragonés, "invade competencias exclusivas del Estatuto de Autonomía".
"Se han opuesto también otras comunidades y ha quedado sobre la mesa para un debate posterior en el Consejo de Espacios Naturales, lo cual es positivo porque la defensa del Estatuto es prioritaria", ha señalado.
Por su parte, la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Asturias, Belén Fernández, ha criticado la "extemporaneidad" de la ley al recordar que hace "relativamente pocos años", en 2007, entró en vigor una nueva legislación sobre parques nacionales. "Esta modificación con tanta frecuencia de los marcos legislativos" no es "lo más deseable", ha manifestado.
LAS CC.AA., TRATADAS COMO MENORES DE EDAD
Además, Fernández ha advertido a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente de que hay cuestiones en esa ley que implican "una cierta invasión competencial". "En algunos aspectos trata a las comunidades autónomas como si fueran menores de edad en materia de medio ambiente, con cierta desconfianza", ha indicado.
A su juicio, eso no debería ocurrir porque las comunidades autónomas han demostrado su "saber hacer", y por eso el Ejecutivo asturiano ha pedido a Arias Cañete que aplique "fórmulas que apuesten por la cooperación y por la coordinación entre las administraciones".
"También hemos reivindicado (...) una presencia equivalente en los comités de coordinación de los parques nacionales, una presencia que estaba claramente desequilibrada en favor de la representación del Estado y en detrimento de las comunidades autónomas", ha agregado.
'FRACKING'
Por otra parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Silván, se ha referido al anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que, a su juicio, es una "garantía de conservación" del medio ambiente, así como una "garantía" para los promotores de los distintos proyectos y para la "sociedad en general".
En concreto, Silván ha señalado que el hecho de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) abarque "todo lo que supone" el proceso de la fractura hidráulica o 'fracking', "no solamente de la explotación, sino también de la investigación, transmite a la sociedad una garantía". Así, ha asegurado que "todos" los proyectos que se están iniciando en Burgos "van a estar sujetos a la nueva legislación".
ASTURIAS CENSURA LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
En sentido contrario se ha expresado la consejera asturiana de Medio Ambiente. Para la dirigente socialista, que ha mostrado su "manifiesto desacuerdo" con esta ley durante la reunión, "es un proyecto que avanza en la línea de eliminar garantías" y que "antepone la economía en detrimento de la ecología".
Fernández ha defendido que la apuesta por una "convivencia pacífica de la economía" y ha advertido de que la economía o es "sostenible o no es verdadero progreso" ni "desarrollo". Por ello, la consejera asturiana ha mostrado su "reparo abierto" a continuar con la tramitación de esta ley.
Para el consejero de Medio Ambiente aragonés, la aprobación del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental es algo "positivo" porque, a su entender, "reduce trámites, agiliza procedimientos y aumenta la coordinación entre comunidades".
Por último, Lobón ha detallado que durante la reunión se ha tratado también sobre la Cumbre del Agua de Budapest, la que, según ha indicado, es una "preparación" de la que se celebrará "dos años después en Corea", y sobre "cuestiones de tipo técnico" como la reforma de "ciertos reglamentos europeos". "No ha habido ninguna oposición y se han remitido a los estudios jurídicos posteriores", ha zanjado.
