CÁCERES, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Asaja, Ángel García Blanco; la directora de la Asociación de Productores de Caza (Aproca), María Teresa González, y el presidente de la Federación Extremeña de Caza, Rafael Domínguez, hicieron hoy un llamamiento conjunto a todos los colectivos relacionados con el campo extremeño, para que participen en una manifestación que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Madrid en protesta por la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Según explicó Teresa González en una rueda de prensa, esta ley del Ministerio de Medio Ambiente, que entró en vigor el pasado 15 de diciembre y que es conocida entre el sector como la 'Ley del plomo', "perjudica gravemente" a numerosos colectivos de la economía extremeña relacionados con el medio natural, como cazadores, ganaderos, propietarios de cotos, agentes de turismo rural, etc.
La directora de Aproca la tachó de "sorprendente y sorpresiva" y criticó que no haya sido consensuada con los sectores afectados, y que "no se compense" a los propietarios de los terrenos rurales a los que afecta la protección de la norma, que incluye además un régimen sancionador "temeroso" con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de euros.
González indicó que "la nueva ley de la ministra Cristina Narbona", endosa la tarea de la conservación del patrimonio natural a los propietarios particulares de las fincas, pero a cambio no contrapresta esta labor porque "no da ni un duro" a los dueños de los terrenos que hay que proteger.
De esta forma explicó que, por ejemplo, "la saca del corcho de los alcornoques podrá verse limitada en el momento en que un buitre haya decidido anidar en esa finca" o los terrenos acotados para caza podrán ser excluidos de ese fin, por cualquier administración, tanto local como regional, en función de la conservación de especies y del medio natural.
Ésta es una de las medidas que más podrían afectar a Extremadura, ya que la región cuenta con 3,5 millones de hectáreas acotadas para caza, de las que 1,5 millones son cotos locales, unas 900.000 son privados y el resto de uso deportivo. Además del total, la mayoría está incluida en la Red Natura o en zona Zepa por lo que estaría afectada de lleno por esta nueva ley.
MÁS DE 90.000 LICENCIAS DE CAZAS.
Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Caza, Rafael Domínguez, recordó que en la región existen unas 90.000 licencias de cazadores, y que el volumen de negocio que movió el sector el año pasado se acerca a los 220 millones de euros y movilizó a unas 100.000 personas.
Por todo ello consideró que la nueva norma pondrá en peligro también muchos puestos de trabajo en la región, de forma directa e indirecta, "ya que el sector de la caza es uno de los más importantes para el mantenimiento del empleo en el medio rural y en el campo extremeño", argumentó.
En parecidos términos se pronunció el presidente de Asaja, Ángel García Blanco, quien criticó también esta nueva norma y consideró que si se aplican las sanciones, "desaparecerán en la región el 80 por ciento de los cazadores".
García Blanco dijo en la rueda de prensa que con esta ley "Narbona quiere rematar al campo extremeño" y explicó que en el sector se la conoce como la 'Ley del plomo' porque una de las obligaciones que impone es la sustitución del plomo de los cartuchos por acero para contribuir a disminuir la contaminación de los humedales.
Las organizaciones convocantes de la manifestación de Madrid, que tendrá como lema 'Por el campo, la caza y la conservación', esperan que la marcha sea respaldada por unos 100.000 extremeños que podrán desplazarse a la capital del país dentro de un mes, o bien en sus vehículos particulares, "o en los autobuses que se fletarán desde todos los puntos de la región", concluyó la presidenta de Aproca.