El Defensor del Pueblo sobre el aeropuerto de Castellón: "es un caso de planificación deficiente" y falta de estrategia

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El informe del Defensor del Pueblo de 2013, que presenta este jueves la responsable de la Institución, Soledad Becerril, al Parlamento analiza distintas cuestiones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos como el aeropuerto de Castellón, de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, o el almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Así, sobre el aeropuerto de Castellón, considera que es un caso de "planificación deficiente y de una inexistente evaluación estratégica del planeamiento aeroportuario".

El informe recuerda que está inaugurado aunque no tiene actividad y, por ello, en noviembre de 2012 se inició una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil para comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria.

Concretamente, se requería al Ministerio de Fomento, conocer el estado del trámite, la fecha aproximada en que el aeropuerto podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del Plan Director del Aeropuerto.

No fue posible examinar el Plan Director, de modo que pudiera hacerse una valoración general de las consecuencias de la presumible falta de estrategia en la planificación y programación.

Así, advierte de que el aeropuerto de Castellón puede acarrear "pérdidas irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales" así como pérdidas económicas en infraestructuras con poca o ninguna utilidad para el bien común.

Por ello, recuerda que el derecho de la UE requiere que se valore, además de los efectos ambientales, los impactos sociales y económicos, puesto que su objeto era "promover un desarrollo sostenible". "Todo indica que en este caso no hubo una evaluación estratégica con influencia en la decisión de acometer el aeropuerto", admite.

Por otro lado, el informe del Defensor analiza las evaluaciones ambientales de otros proyectos significativos que aún no han concluido, como el empleo de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, que sigue aún sin contestación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A este respecto la institución que dirige Soledad Becerril no puede por el momento valorar posibles irregularidades de la Administración Pública.

ALMACENES DE GAS EN CASTOR Y DOÑANA

Asimismo, está estudiando la evaluación del riesgo sísmico que pudiera estar asociado a la actividad de inyección de gas en la planta de almacenamiento El Castor, sobre la que ya han enviado la documentación solicitada tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

También ha recibido la documentación solicitada a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la evaluación de los impactos acumulativos de diversos proyectos de explotación y almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana, sin embargo, admite que está pendiente de análisis por ser muy extensa.

Entre las evaluaciones ambientales más destacadas del año, el Defensor del Pueblo se refiere a un asunto iniciado y terminado en 2013, que es "notable por su carácter y alcance social" y que tiene un sentido opuesto al de numerosas quejas recibidas sobre la refinería en Los Santos de Maimona (Badajoz), ya que el Defensor ha recibido 9.000 firmas que apoyaban el proyecto, por lo que la queja ha sido admitida ya que los firmantes alegaban discriminación ante una Declaración de Impacto Ambiental negativa "mientras que proyectos de similar envergadura" que han logrado salir adelante.

El informe del Defensor analiza también el impacto ambiental de distintas infraestructuras como carreteras y ferrocarriles, sobre todo por el impacto del ruido. Así, se cita la contaminación acústica de la autopista Costa del Sol en Marbella (Málaga), sobre la que procede adoptar medidas contra el ruido en un punto kilométrico coincidente con una zona residencial; o la variante A-38 en el municipio de Sueca (Valencia) por cuestiones similares; o en la carretera SE-30 de Sevilla, donde los vecinos llevan 10 años denunciando la situación o en la carretera A-7 a su paso por Tarragona.

En estos y otros casos análogos, la falta de disponibilidad presupuestaria para paliar el ruido es ahora aducida frente a problemas que datan de hace años, cuando no había las restricciones económicas actuales. Por ello, el Defensor estima que este argumento, en sí inobjetable, queda neutralizado.

Finalmente, la contaminación acústica es otra de las cuestiones reflejadas en el documento. A este respecto, expone que los problemas, en general, son los ayuntamientos que conocen y reconocen la existencia de una actividad denunciada, desde hace muchos años y, en ocasiones, sin que sepan siquiera si hubo licencia de apertura del local; la reducción de medios, personal y material; casos en los que los titulares de actividades desconocen sus deberes y obligaciones.