SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 3.000 empresas en España carecen de la autorización ambiental integrada imprescindible para que mañana puedan seguir realizando sus actividades dentro de la Unión Europea (UE), según Ecologistas en Acción. La organización señaló que, en el caso de Cantabria, sólo el 5 por ciento de las empresas cuentan con dicha autorización.
Este martes, 30 de octubre, finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtuvieran e implantasen esta autorización. Las empresas infractoras podrían ser multadas por las regiones con el pago de hasta dos millones de euros.
Ecologistas denunció en un comunicado que pese a los 11 años de plazo otorgados por la citada norma para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación "no han obtenido aún su permiso y en consecuencia, a partir de mañana deberán cesar su actividad".
Según Ecologistas, la estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10 por ciento del Producto Interior Bruto.
Recuerdan que la intención de la directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea y unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada estado miembro.
La organización achacó esta "lamentable situación" a los seis años que tardó el Gobierno de Aznar en trasponer la directiva a la legislación española, la "penuria" de medios aportados por las comunidades autónomas para aplicar la norma, y el "desconocimiento y desidia" de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.
Aunque, según Ecologistas, todavía hoy es "muy difícil" saber el número exacto de empresas sujetas a la norma, gracias a comunidades como Cataluña, que se adelanto tres años al resto de España en la transposición de la Directiva Europea, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40 por ciento de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20 por ciento y Cantabria en "un alarmante 5 por ciento".
Andalucía
