La ONG critica "detenciones arbitrarias, torturas, abandono de personas en el desierto o violación del derecho de asilo"
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-a) estimó hoy que un total de 2.900 inmigrantes perdieron la vida durante el pasado año 2008 en su intento por llegar a España de forma clandestina, siendo más del 75 por ciento de origen subsahariano.
En rueda de prensa, la responsable de Relaciones Internacionales de la Apdh-a, Brigitte Espuche, indicó que, frente a las cifras oficiales aportadas por el Gobierno de España, la entidad ha llegado a la conclusión, a partir de los datos aportados por diferentes ONG, que el pasado año 2008 murieron 581 personas intentando llegar a las costas españolas, 342 en el Mediterráneo y 239 en el Atlántico.
No obstante, precisó, a esta cifra hay que sumar el número de personas fallecidas durante la travesía en el desierto, que se cobra "tres veces más vidas que el océano", con lo que la cifra asciende a 2.900 fenecidos. Por tanto, advirtió que "no hay menos muertos que el pasado año, como proclama el Gobierno español, sino que la cifra es constante".
Espuche recordó que, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, en 2008 fueron repatriados 46.426 inmigrantes en situación irregular, un 17 por ciento menos que en 2007, cuando fueron 55.938. Esta disminución se presenta "de modo triunfalista como consecuencia de un descenso en la llegada de inmigrantes a España", apuntó, concretamente del 25,6 por ciento respecto a 2007.
Sin embargo, la responsable de Relaciones Internacionales de la Apdh-a, criticó que estos datos están "falseados", puesto que el descenso de la llegada de inmigrantes no se debe a la "eficaz" política de regulación de flujos migratorios del Gobierno español, sino a que, por un lado, la "externacionalización de fronteras y el chantaje al desarrollo" desarrollado por nuestro país "comienza a dar sus frutos".
Asimismo, por otro, también responde a que el año pasado se interceptaron "sin que cometieran ningún delito" a más de 20.000 personas en costas africanas, hecho que "viola sistemáticamente" los derechos recogidos en convenios internacionales o la leyes de extranjería tanto de España como de países como Mauritania, en los que se reconoce la emigración como "un derecho".
También lamentó que el protocolo de repatriación de inmigrantes irregulares de España --que tiene dos vías, a través de un acuerdo bilateral de readmisión o, en la mayoría de los casos, la expulsión a Marruecos, que los "deporta al sur en cadena"-- desemboca en un "rechazo en cascada por la alineación coercitiva de los países de origen". Así, vaticinó que las presiones políticas y económicas ejercidas por los países de la UE acabarán "poniendo en peligro la estabilidad geopolítica de la zona, originando rupturas y tensiones muy graves en la región".
Por otro lado, criticó el "discurso demagógico" auspiciado por del Gobierno desde la "mal llamada crisis de los cayucos en 2006", a través del cual se presenta a los inmigrantes irregulares como un "problema de orden público a resolver, sugiriendo la idea del desbordamiento de nuestras fronteras". En este sentido, precisó que "sólo el dos por ciento de la inmigración irregular que llega a España lo hace a través de la costa, frente al 85 por ciento que arriba a través del Aeropuerto de Barajas en Madrid o cruzando los Pirineos".
"Se nos hace creer que los inmigrantes, si no son útiles económicamente, son un problema de seguridad, pues nos invaden y ponen en peligro nuestra estabilidad política y económica, más aún en un contexto de crisis económica globalizada, de manera que se justifica el costoso e inefectivo despliegue militar y diplomático gubernamental que no actúa contra las causas de la inmigración, sino contra sus consecuencias", lamentó.
FRONTERAS "CADA VEZ MÁS EXTERNACIONALIZADAS"
Por su parte, la coordinadora general de Apdha-a, María Isabel Mora, indicó que las fronteras entre países están cada vez "más externacionalizadas", a través de la conformación de "países-frontera" como Marruecos o Libia, que ejercen de "gendarmes de Europa".
Así, afirmó que existe un "chantaje absoluto" a estos países por parte de la UE, quien "condiciona la ayuda al desarrollo a que hagan de gendarmes de nuestras fronteras vulnerando los Derechos Humanos de millares de personas".
Ante el "fracaso más absoluto" de la política migratoria actual, "hay que acabar con el mito de la migración legal y ordenada, apuntó Mora, quien llamó a la "reflexión para instaurar un modelo que garantice el derecho a la movilidad como norma".
