MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
De cada cien mujeres maltratadas, 80 no inician un trámite judicial porque la Ley Integral Contra la Violencia de Género "no les garantiza protección y seguridad", según afirmaron este jueves las asociaciones Mujeres en Igualdad, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Federación de la Mujer Rural (FEMUR), Omega y Género sin Violencia.
Estos colectivos exigieron al Gobierno públicamente una reunión para que "escuche las críticas constructivas" sobre esta ley, ya que, según señalaron, no fueron convocados junto a otras asociaciones de mujeres para buscar soluciones al problema de la violencia de género.
"Las mujeres no dan el paso porque temen por su vida y la de sus familias, ya que no perciben que se las vaya a proteger con total seguridad", sostuvo la presidenta de Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced, quien añadió que los colectivos de mujeres exigen al Ejecutivo "mayores medidas de protección social, jurídica, económica y psicológica".
Entre las propuestas, pidieron al Gobierno que modifique el artículo 416 del la Ley del Enjuiciamiento Criminal, en lo referido a la violencia de género. Según explicaron, las víctimas "son testigos" y, por lo tanto, "no tendrían que estar dispensadas de declarar", en los casos en los que ellas han dado el paso de denunciar. En este sentido, la presidenta de Género sin Violencia, Ana Carreras, aclaró que para que las mujeres puedan solicitar una orden de protección, tienen que a abrir un procedimiento penal "como si sufrieran cualquier otro delito".
Asimismo, los colectivos de mujeres pidieron que se "agilicen los procesos judiciales" y que, para ello, "se pongan en marcha más juzgados de violencia de género, que por imprevisiones del Gobierno, se encuentran saturados". Según explicaron, "a fecha de hoy" en España hay un total de 83 juzgados. "En algunas comunidades autónomas sólo haya uno y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, no cuentan con ninguno", lamentaron.
Pidieron al Gobierno medios telemáticos para las víctimas y los maltratadores de "todo el territorio nacional", ya que según apuntaron, de los 20.000 teléfonos "prometidos por Caldera (ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús) en septiembre de 2005, solamente el Ministerio ha concedido 7.400". A esto añadieron que estos sistemas de teleasistencia "no suenan" ni en la Guardia Civil, ni en la Policía Nacional, sino en Cruz Roja.
Otra de la cuestiones que plantearon estos colectivos es la creación de un plan nacional para ayudar a la víctimas a encontrar un un empleo para que puedan desvincularse económicamente de sus agresores. En este sentido, señalaron que las medidas hasta ahora abordadas por el Gobierno (convenios con grandes empresas para que faciliten un puesto de trabajo a las víctimas de violencia de género) "no contribuye a mejorar la situación de las mujeres que viven en pequeñas ciudades y en el mundo rural".
Por último, pidieron a los medios de comunicación que adopten "las mediadas necesarias" para evitar poner en peligro a mujeres que han sido o son víctimas de la violencia machista; que las series de televisión "traten a la mujer en igualdad y no sometiéndola a estereotipos que no responden a la sociedad de este siglo"; y que en los informativos no sólo se hable de la víctima sino también del maltratador.
