MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular que ejerce la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en la investigación por el accidente del avión de Spanair JK5022 solicitará al juez instructor Javier Pérez la imputación de los miembros del Consejo de Administración de la compañía aérea por presuntos delitos de homicidio, informó la defensa de la organización.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid aceptó ayer el escrito de personación presentado por el equipo jurídico de la OID. En el documento, la organización adelantó su pretensión de pedir la declaración de los integrantes de la cúpula de Spanair como imputados y la suspensión cautelar de todos los vuelos de la aerolínea hasta que concluyan las investigaciones.
Además de la OID, también forman parte del proceso judicial como acusación particular dos familias de las víctimas del siniestro, una de ellas de Gran Canaria. Su abogado, Ignacio García Macarrón, apuntó ayer a Europa Press que sería "prematuro" pedir declaraciones o la realización de pruebas, puesto que la investigación se encuentra en la fase inicial.
"Hay que esperar a que se determinen las causas del accidente y, en función de la responsabilidad que apunten los expertos, se pedirán todo tipo de pruebas", reseñó. Además, descartó que vaya a solicitar que declare la cúpula de Spanair, así como la suspensión cautelar de los vuelos.
INHIBICIÓN DEL JUEZ
Por otro lado, la OID presentó ayer un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que le solicitaba que pidiese al juzgado Central de Instrucción correspondiente la inhibición del juez Pérez a favor de esta dependencia judicial en la investigación de la catástrofe.
No obstante, el Ministerio Público aseguró que declinarán solicitar la inhibición del magistrado al considerar que la asignación de la instrucción al magistrado de guardia en los juzgados madrileños se realizó de forma correcta.
En la denuncia, la asociación esgrimía que la Audiencia Nacional debería encargarse del proceso judicial a tenor de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que este tribunal debe de conocer, entre otros aspectos, sobre las causas que entrañen "un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
