MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) anunció hoy, a través de un comunicado de prensa, que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, ha iniciado actuaciones por la proliferación de viviendas ilegales dentro del espacio protegido de La Muela-Cabo Tiñoso en Cartagena, tal y como le pidió la organización ecologista.
En la reunión mantenida a finales de la semana pasada por el presidente de ANSE y uno de los abogados de la Asociación con el fiscal jefe de Murcia y el fiscal de Medio Ambiente, la Fiscalía confirmó que se dirigió a la Dirección General del Medio Natural y al Ayuntamiento de Cartagena para pedir información sobre la falta de ejecución de las resoluciones de numerosos expedientes sancionadores que, además de imponer sanciones, resuelven la restitución de la legalidad, es decir, la demolición de las construcciones ilegales.
La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción interpusieron a comienzos de 2007 una denuncia conjunta ante la Fiscalía de Murcia por la proliferación de viviendas ilegales dentro de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y Espacio Protegido (PORN aprobado inicialmente) de La Muela-Cabo Tiñoso (Cartagena).
Igualmente, las asociaciones denunciaron la colaboración de las compañías suministradoras de electricidad y agua, que no han dudado en prestar servicio a multitud de viviendas ilegales.
Según ANSE, "desde el año 2001 se han construido e instalado en la zona cerca de medio centenar de viviendas ilegales, en lugares como Galifa, Perín, Los Puertos de Santa Bárbara, rambla del Cañar, Campillo de Adentro, etc, incumplimiento además el Plan General Municipal de Ordenación, al no contar con la superficie mínima para construcción de viviendas de nueva planta".
Para la asociación naturalista, "aunque la aprobación inicial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de La Muela-Cabo Tiñoso hace varios meses pareció frenar la construcción e instalación de viviendas dentro del espacio protegido, durante las últimas semanas han vuelto a detectarse nuevas casas ilegales".
De este modo, ANSE afirmó que "ello es debido, principalmente, a la inacción del Ayuntamiento de Cartagena a la hora de obligar a la ejecución de los expedientes sancionadores, especialmente en lo que se refiere a la demolición de las viviendas y retirada de las mismas".
Asimismo, aseguró que "estas irregularidades están contribuyendo a que uno de los espacios naturales mejor conservados del litoral mediterráneo de la Península Ibérica vea como se degradan parte de sus paisajes agrícolas y naturales como consecuencia del urbanismo ilegal, que además está ayudando a aumentar la presión sobre el espacio natural y el rechazo al Parque".
Según ANSE, "el precio de la tierra se ha incrementado notablemente debido a la proliferación de construcciones ilegales, siendo más atractivo para muchos propietarios la venta que el cultivo o mantenimiento de usos tradicionales compatibles con la conservación".
Por otra parte, la asociación ecologista señaló que "varios de los denunciados cuentan con más de una infracción, como ocurre con dos pequeños constructores que, además, han vendido posteriormente parte de las viviendas ilegales, en algunos casos a ciudadanos extranjeros".
