MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno la designación de juzgados de control específicos para los centros de internamiento de extranjeros (CIE) que están repartidos por todo el territorio nacional.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido registrada para su debate en la Comisión de Justicia, CiU reclama al Ejecutivo que lleve a cabo las "actuaciones necesarias" para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Extranjería, respecto a la designación de un juzgado concreto en aquellos partidos judiciales donde existan varios juzgados de instrucción, además de que designe más de un juzgado cuando las características del centro así lo aconsejen.
CiU advierte de que por ser el internamiento de extranjeros de "una materia muy específica y no excesivamente conocida", el adecuado ejercicio de la competencia de control jurisdiccional requiere de una "cierta" especialización en el régimen jurídico y realidad de estos centros.
En este sentido, apunta a recientes incidencias relacionadas con el funcionamiento de los CIE, en los que se dan "graves carencias" y se producen "arbitrariedades por la falta de normas claras".
Así, añade que, dado que los centros de internamiento de extranjeros no son centros penitenciarios y, en aras de garantizar la plena protección de los derechos de los internos, se requiere la adopción de medidas de control específico como la designación de juzgados específicos.
AUTORIDAD COMPETENTE
La normativa de Extranjería establece que el juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento, será el juez de instrucción del lugar donde se practique la detención.
No obstante, indica que el juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los CIE y en las salas de inadmisión de fronteras será el juez de instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo ser asignado un concreto juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios.
Según la norma, dicho juez conocerá las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando considere conveniente.
"Esta nueva figura ha sido valorada muy positivamente por las organizaciones que trabajan directamente con personas internadas en los CIE, ya que ha de realizar una función imprescindible de velar por el respetos de los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la actuación de la Administración durante la ejecución del internamiento", explica la iniciativa de CiU.
