MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción y otros colectivos sociales y vecinales ha creado la 'Plataforma antivirus' contra la Ley de Viviendas rurales sostenibles que prepara la Comunidad de Madrid porque, ha su juicio, pretende autorizar la construcción de casas en suelo rural.
Los ecologistas han bautizado la norma como 'ley Virus' porque "permite la penetración residencial en el suelo rural con todos los servicios e instalaciones que el uso urbano requiere (accesos rodados, abastecimiento de agua, luz, saneamiento, etc)".
"Las nuevas viviendas se podrían aprobar con una simple licencia municipal, eludiendo el control de los órganos supramunicipales que gestionan el medioambiente, el patrimonio histórico, el control urbanístico. Nadie valorará, por tanto, el impacto sobre el territorio, el paisaje, los hábitats y la fauna, el patrimonio arqueológico, etcétera", ha indicado.
El objeto de esta plataforma es reclamar el valor del suelo rural y la calidad ambiental del territorio, difundir los efectos negativos de la ley, implicar a la sociedad en la defensa del patrimonio natural y cultural sobretodo frenar la aprobación de esta nueva norma cuyos efectos sobre el territorio serán nefastos.
MARIÑO: EVITAR EL ÉXODO AL CAMPO
Hace unas semanas, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Ana Isabel Mariño, explicó que la ley que prepara que pretende regular las viviendas rurales sostenibles con el fin de evitar el éxodo rural.
Unas casas "que nada tienen que ver con las urbanizaciones tradicionales". "Requieren otro tipo de calificación y otro tipo de autorizaciones y no requieren las actuaciones urbanizadoras que habitualmente estamos acostumbrados a tener cuando se trata de construir edificaciones para viviendas", apuntó.
En su opinión, va a contribuir a dinamizar las zonas rurales, no va a suponer ningún incremento de la burocracia y ni ningún coste adicional para las administraciones, y tiene como objetivo "garantizar la elección a los madrileños que quieran vivir en contacto con la naturaleza y facilitar a quienes lo deseen que puedan enraizarse en los municipios de la región disminuyendo el éxodo rural".
Además, buscan dar valor a las fincas rústicas en desuso y consolidar el papel de los ciudadanos en la conservación del medio ambiente. "El contacto con la naturaleza convierte al individuo en un agente activo de su cuidado. Esta persona que por decisión propia opta por vivir en el campo es siempre el principal interesado en cuidarlo y protegerlo", ha apostillado.
Otro de los objetivos es acercar la normativa de la Comunidad de Madrid a la de otras comunidades que sí permiten este tipo de viviendas. En el caso de las viviendas rurales ya existentes en la región pero que están de manera ilegal, podrán formalizar su situación abriendo un expediente de legalización "siempre que se cumpla con las condiciones que vienen reflejadas en la Ley del Suelo", ha añadido.
El contenido de la ley es un "texto corto" y recoge extremos como el nuevo uso para viviendas rurales sostenibles podrá implantarse en todo suelo no sujeto a protección sectorial y solo estará permitida su implantación en este suelo cuando su régimen jurídico autorice el uso residencial, indicó Mariño.
