MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que solicita al Gobierno que "aumente la cooperación" con los países que avancen hacia la abolición de la pena capital, en perjuicio de los gobiernos que "la siguen manteniendo o pretenden reinstaurarla".
La proposición no de ley, recogida por Europa Press, también reclama al Ejecutivo socialista que realice las gestiones diplomáticas oportunas para que los países con los que España tiene "fluidas relaciones" eliminen esta práctica.
Así, propone que estas naciones, como Cuba y Guinea Ecuatorial, y a modo de "primer paso en el camino de la abolición definitiva de esta pena", lleven a cabo una moratoria de las ejecuciones. En este sentido, pide al Gobierno que plantee en las instancias internacionales oportunas el estudio de "medidas activas, y en su caso coercitivas", para conseguir este objetivo.
Además, solicita al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero que desarrolle labores diplomáticas para que la pena capital sea abolida en aquellos países cuyas legislaciones la contemplan pero no la usan, como Marruecos y Rusia; en los países que la mantienen para "casos excepcionales como en tiempos de guerra", como Argentina y Chile; y en los que se quiere reinstaurar, como Perú.
MENORES DE EDAD
Del mismo modo, ERC exige que el Gobierno promueva ante dichas instancias internacionales la adopción de medidas sancionadoras para aquellas naciones que mantienen la pena de muerte a los menores de edad o a las personas que lo eran cuando cometieron el delito.
El texto recuerda, basándose en datos de Amnistía Internacional, que en 2007 fueron ejecutadas más de 1.250 personas y otras 3.347 fueron condenadas a muerte. El 88 por ciento de estas ejecuciones se llevaron a cabo en China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos, agrega, y se estima que actualmente hay 20.000 personas en el mundo esperando la ejecución de su condena a muerte.
"La pena de muerte, especialmente en los casos de menores de edad, es mayor atentado contra los derechos individuales, y es una vergüenza para la Humanidad que en el siglo XXI todavía se practique o se reconozca en la legislación interna de muchos países".
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