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MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció este jueves en el Senado que un total de 234.837 dependientes han sido valorados por las comunidades autónomas en los primeros 18 meses de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas con discapacidad.
Recordó, además, que en el primer año de puesta en marcha de esta iniciativa legislativa, la gran mayoría de las personas atendidas son mayores de 65 años (el 72,56 por ciento), de los cuales, casi dos terceras partes (43,7 por ciento) son mayores de 80 años. Así comentó, que 419.482 personas han solicitado la valoración a fecha de principios de junio.
"La puesta en marcha de procesos de esta envergadura no siempre es fácil", reconoció la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte para explicar las líneas generales de su departamento. Por este motivo, avanzó que la próxima semana mantendrá una reunión de carácter informal con los responsables autonómicos de políticas sociales "para hablar sobre la situación de la ley".
Asimismo, afirmó que su departamento mantiene el compromiso de realizar una "evaluación piloto" del rendimiento del sistema de dependencia, antes de que se cumplan los tres años de entrada en vigor de la ley.
Para ello, este ministerio creará "en breve" la Comisión Especial y "estrictamente gubernamental" --integrada por su departamento, el Ministerio de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda y Seguridad Social-- para analizar la gestión del sistema y comprobar si se adecua a los parámetros de "eficacia, eficiencia y calidad".
"FALTA DE COORDINACIÓN"
Por su parte, la senadora del PP María Ángeles Font criticó la "falta de coordinación" y advirtió de que el plazo de tiempo entre la solicitud de la valoración y la obtención de la prestación hace que muchos dependientes mueran antes. "La Ley no garantiza una cobertura necesaria. En España, hay más de dos millones de personas mayores de 80 años, por lo que las cifras de solicitud, y más aún las de valoración, son bajísimas", dijo.
Mientras, desde CiU, Ramón Alturo, reclamó información más en profundidad de la implementación efectiva de la norma y de cuándo se impulsará la evaluación del sistema. Igualmente, la parlamentaria de PNV Miren Lore Leanizbarrutia pidió que el Sistema de Dependencia valore también a los discapacitados psíquicos y mentales.
En este sentido, Cabrera afirmó, que para la resolución efectiva de estos asuntos relacionados con la norma, es "necesaria" la colaboración de los beneficiarios y de las comunidades autónomas con el ministerio para determinar la cofinanciación de la ley, ya que, según explicó, para poner en marcha el Sistema de Dependencia "se han transferido primero las competencias autonómicas y no al contrario".
"Tenemos que ser todos muy transparentes porque los ciudadanos nos van a pedir cuentas y yo asumo toda mi responsabilidad, pero también deben asumirla los responsables autonómicos", advirtió.
Sin embargo, tranquilizó a los senadores, asegurando que la Ley de Dependencia, con la que el Gobierno pretende "poner en pie" el cuarto pilar del Estado de Bienestar, "tardará en funcionar, como ocurrió con el sistema educativo, la sanidad pública o la Seguridad Social". "No creo que vayamos a tardar lo mismo, pero para que tenga la solidez necesaria, tenemos que ponernos de acuerdo todos", añadió.
PRESTACIONES A FAMILIAS NUMEROSAS
En cuanto a las prestaciones sociales de las familias numerosas, Cabrera, aseguró que su departamento incluirá en este régimen a los nietos que conviven con sus abuelos en la misma unidad familiar y a las familias monoparentales con dos hijos. Establecerá, además, programas específicos de mejora de las condiciones de vida de las familias del mundo rural, "potenciando los servicios sociales especializados e familia, en colaboración con las comunidades y ONG".
Para el colectivo de la discapacidad, la ministra señaló que el Gobierno "va a seguir trabajando para desarrollar políticas de Accesibilidad Universal" y avanzó que "estudia" regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte para personas con discapacidad.
En este último terreno, Cabrera explicó que su departamento en esta Legislatura fomentará el empleo de las personas con discapacidad inactivas y defenderá la calidad del empleo para los ciudadanos pertenecientes a este colectivo que tienen trabajo.