MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comisionada de género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Ana Peláez, advirtió hoy de que España está obligada por mandato de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008, "a garantizar la accesibilidad y la plena integración del colectivo, así como a modificar o derogar las leyes que resulten discriminatorias".
"La Convención impacta en todo el ordenamiento jurídico y estudia los puntos que deben pulirse", explicó Peláez en el transcurso de la jornada para el análisis de la aplicación del tratado, celebrada esta mañana en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). En este sentido, recordó que el organismo del que forma parte fue designado recientemente como encargado de supervisar su seguimiento en España.
Asimismo, pidió al Gobierno que "se implique y participe en las Conferencias de los Estados Parte"; encuentros donde los distintas naciones que ratificaron la convención compartirán conocimientos, buenas prácticas y soluciones al respecto. No obstante, reconoció que España fue el cuarto país en aprobar el acuerdo internacional, mientras que en otros "todavían mantienen reservas".
"De los 650 millones de discapacitados que existen actualmente en el mundo, 340 millones son mujeres y niñas", apuntó la representante del organismo. Así, señaló que ellas constituyen un sector muy vulnerable, cuyos derechos no pueden olvidarse, pues "están específicamente recogidos por la ONU".
Por su parte, la secretaria general del IMSERSO, María Eugenia Zabarte, subrayó que el texto es "universal y jurídicamente vinculante" y apuntó que, en España, debe servir como complemento a la protección que otorga el sistema de Seguridad Social y equilibrarse con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
"Es fundamental que suprimamos las barreras a la norma internacional para asegurarnos de que las personas con discapacidad disfrutan de los derechos humanos y de las libertades individuales en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad", destacó. Además, recalcó que "la ONU reconoce la importancia de las familias y las protege como pieza fundamental que contribuye al bienestar del colectivo".
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Igualmente, los ponentes demandaron la adopción de medidas administrativas destinadas a derogar o modificar leyes, costumbres o reglamentos que discriminen a estas personas, así como para hacer efectivos los valores, principios y mandatos que asumió el Estado con la ratificación de la Convención.
Finalmente, animaron a todos los discapacitados a que se empapen del texto "para que sepan cómo actuar y qué pueden exigir". También, recalcó la necesidad evidente de revisar la Ley de Autonomía Personal, especialmente en lo que se refiere a la terminología, la coherencia con la convención y la revisión de conceptos como autonomía y dependencia".
(EUROPA PRESS)
