Asegura que los casos abiertos por la Audiencia Nacional avanzan "muy lentamente" por la falta de "diligencia" del Gobierno
MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) reclamó este lunes a los Gobiernos europeos que "hagan justicia" con las víctimas de los programas de entrega ilegal y detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, "que hicieron posible la desaparición forzada, tortura y maltrato de varias personas".
En un comunicado, AI recordó también que en la actualidad hay tres procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional en conexión con estos hechos, pero que los tres casos "avanzan muy lentamente" debido a la falta de "diligencia" por parte de las autoridades españolas. Asimismo, reclamó al Gobierno español que regule la actividad extraterritorial de las fuerzas de seguridad "para impedir que contribuyan a violaciones de Derechos Humanos en el contexto del crimen organizado, incluido el terrorismo".
En un informe publicado hoy con el título 'Un secreto a voces: Crecientes indicios sobre la complicidad de Europa en entregas extraordinarias y detenciones secretas', la organización recoge los indicios más recientes de complicidad de países europeos en los programas de la CIA emprendidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo desde los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.
"La UE no ha tomado en absoluto medidas para hacer rendir cuentas a los Estados miembros por los abusos que han cometido", ha manifestado el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Nicolas Beger.
"Estos abusos se cometieron en suelo europeo", prosiguió. "No podemos dejar sin más que Europa se sume a Estados Unidos para convertirse también en 'zona sin rendición de cuentas'", añadió. "Las cosas están cambiando, pues algunos países han iniciado investigaciones, pero hay que hacer mucho más", advirtió.
Según el informe de AI, varias personas fueron objeto de desaparición forzada, incluida la detención secreta a manos de la CIA, y "sigue sin conocerse el paradero de algunas". "Cada una de las víctimas de entrega entrevistadas por Amnistía Internacional ha manifestado que fue torturada o sometida a otros malos tratos bajo custodia", aseguró la organización.
"Nadie debe eludir la responsabilidad de las transferencias ilegales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones secretas que se produjeron en el contexto de estas operaciones dirigidas por la CIA", declaró Nicolas Beger. "Los Gobiernos nacionales tienen la obligación jurídica de garantizar que se rinden plenamente cuentas por tales violaciones de Derechos Humanos", añadió.
A raíz de las revelaciones de sus informes, en países como Alemania, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia "se han llevado a cabo o hay actualmente en curso investigaciones sobre la complicidad del Estado o procesos judiciales dirigidos a exigir responsabilidades individuales", según AI.
"En varios países europeos se están haciendo avances en la rendición de cuentas. No debe desaprovecharse este ímpetu", afirmó Nicolas Beger. "La excusa, a menudo demasiado repetida, de que 'es necesario el secreto de Estado para proteger la seguridad nacional' no debe servir para mantener la impunidad", manifestó.
ESPAÑA
La llamada 'Guerra contra el Terror' liderada por Estados Unidos también tuvo alcances en España, "desde el uso del espacio aéreo y el territorio español en el marco del programa de detenciones secretas y entregas extraordinarias lideradas por Estados Unidos, hasta la presencia de policías españoles quienes realizaron interrogatorios ilegales en Guantánamo", indica el informe.
"Actualmente, hay tres procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional en conexión con estos hechos, pero los tres avanzan muy lentamente y no se ha producido la diligencia debida de las autoridades españolas en su respuesta a estos procedimientos", indicó AI. "La víctimas siguen sin justicia ni reparación", lamentó.
"Al igual que otros países europeos", según Amnistía, España permitió durante más de cuatro años --desde enero de 2002 hasta septiembre de 2007-- que la CIA utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias.
"Alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre despegaron de bases españolas, sí cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas", afirmó.
Aparte, "se han documentado hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005". Esta cifra aumenta "si se le añaden las más de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también han sido relacionados con la CIA y su programa de detenciones secretas".
Por otra parte, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la participación de policía españoles en el interrogatorio a ciudadanos de distintas nacionalidades y en la obtención de información, "aprovechándose del limbo extralegal y las condiciones coercitivas de Guantánamo".
La Audiencia Nacional, recuerda el informe, ha remitido una comisión rogatoria al Reino Unido solicitando información sobre la actuación de los agentes de la CIA en España. También se ha dirigido al Ministerio de Defensa español para que proporcione información sobre los vuelos de la CIA que cruzaron el espacio aéreo español o repostaron en aeropuertos españoles para contrastarla con la información entregada por Eurocontrol a este respecto. "Más de medio año después, aún no ha recibido respuesta", denunció AI.
"Amnistía Internacional pide al Gobierno español que asegure que las víctimas del programa de entregas extraordinarias y detenciones ilegales de la CIA reciben justicia y reparación", para lo cual "deben investigarse todos estos hechos y establecerse las responsabilidades individuales que correspondan", afirmó la organización.
Asimismo, "deben crearse mecanismos que regulen la actividad extraterritorial de los policías, agentes de inteligencia y otros agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad españoles para impedir que contribuyan a violaciones de Derechos Humanos en el contexto del crimen organizado, incluido el terrorismo", aseveró.
