La asociación reclamará el martes al Ministerio que abra oficinas de atención a los afectados en cada comunidad autónoma
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) pedirá el próximo martes al Ministerio de Justicia que reconozca "de facto" el estatus de víctimas a los afectados por el llamado 'robo de niños' y que el Gobierno financie apoyo psicológico para los perjudicados.
El Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha convocado el próximo martes, a las 17.30 horas, a las asociaciones de víctimas del robo de niños para mantener una reunión de seguimiento.
ANADIR aprovechará para presentar un paquete de propuestas que buscan el "el reconocimiento de facto del estatus de víctimas de los afectados por el robo de niños en España, equiparándose a otros grupos de víctimas que sí reciben apoyo presupuestario del Gobierno".
La asociación considera en un comunicado que el Ejecutivo está "escatimando" recursos para investigar la filiación de los afectados que luchan por recuperar su identidad y reencontrar a sus familiares. Por ello, trasladará la exigencia de acometer nuevas medidas acordes con el "estatus real de víctimas por delitos que atentan directamente contra los derechos humanos".
GRATUIDAD DE PRUEBAS DE COTEJO
Entre ellas, exige la apertura de una oficina por cada comunidad autónoma afectada al ver "insuficiente" la sede única para toda España. "Gran parte de los asociados son ancianos con pocos recursos, incapaces de trasladarse a Madrid para entregar sus expedientes; requisito previo para comenzar a tramitar la búsqueda de la documentación sobre sus casos", indica.
ANADIR también reclama que el Gobierno financie apoyo psicológico de acceso gratuito a los afectados por la sustracción de bebés, equiparándoles así a otros grupos de víctimas. "Desde la primera reunión, las asociaciones han solicitado sin éxito apoyo psicológico para las víctimas", lamenta.
De igual modo, la asociación pide la gratuidad de las pruebas de cotejo de ADN que realizará el Instituto Nacional de Toxicología. Según explica, el coste de las pruebas de cotejo del Instituto es "de 200 euros frente a los 90 euros, si se realiza en un laboratorio privado". Demanda además el "control duplicado del banco centralizado de ADN por un laboratorio independiente, un trámite que no supondría un sobrecoste para las arcas públicas".
