SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción han presentado una serie de alegaciones "para reconducir" el proyecto de mejora del regadío elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, encaminadas a "mantener los efectos socioambientales positivos y eliminar o minimizar los impactos ambientales asociados al sistema de riego actual".
Los ecologistas, en este sentido, propusieron como medidas la eliminación de cualquier opción del cierre del río, el mantenimiento del régimen estival del Guadalquivir y la reducción de la creación de balsas de riegos, según indicó la asociación en un comunicado.
Con ello, aseguró, se reduciría a la mitad la demanda de aguas del sistema de regulación general, pasando de 300 hectómetros cúbicos a sólo 150.
Entre los objetivos del proyecto de modernización del arrozal de la Confederación Hidrográfica se encuentran, según recordó la nota, el incremento de la garantía de abastecimiento a la zona regable y la mejora de la calidad de las aguas de toma. Para ello, propone la creación de una red de balsas de captación de aguas invernales del Guadalquivir y canales de distribución de ese recurso.
Asimismo, contempla también la construcción de una serie de azudes y presas de cierre que evitarían la subida de la cuña salina en la zona de las tomas de riego.
GRAN IMPACTO EN ÉPOCA ESTIVAL.
La zona arrocera de Sevilla presenta beneficios ambientales y sociales innegables tanto por su capacidad productiva como por el mantenimiento de áreas inundadas que dan cobijo y alimento a gran cantidad de avifauna. Sin embargo, según explicaron los ecologistas, el riego directo en época estival impacta sobre el Guadalquivir modificando su régimen fluvial e incluso invirtiéndolo.
A este respecto, recordaron que el Ministerio de Medio Ambiente ha dejado ya patente que los ámbitos estuarios y las costas bajas son los espacios costeros más vulnerables a los efectos del cambio climático, motivo por el cual las acciones que se planteen en ellos deben incorporar el principio de precaución e incertidumbre.
Por otra parte, Ecologistas en Acción reseñó en las alegaciones que en la evaluación económica del proyecto no se aclara si los gastos derivados del mismo van a ser asumidos por los usuarios --en este caso los arroceros-- tal como establece la Directiva Marco del Agua.
Según la Asociación, el análisis de la sostenibilidad económica del proyecto debe tener en consideración la situación legal de las superficies regadas respecto del régimen concesional.
En ese sentido, detalló en la nota que en los estudios realizados por las administraciones públicas para el Informe de la Comisión Internacional de Expertos de Doñana, Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno, se manejaba la cifra de 28.000 hectáreas de arrozal con concesión administrativa de aguas, en lugar de las 35.000 contempladas en el proyecto.
Por este motivo, adujeron que "sólo una solución que incluya entre sus objetivos la eliminación de los actuales impactos del arrozal, conservando la actividad, puede contar con una financiación pública como la que, según parece, se propone", concluyeron.
