AMPL.-Las quejas al Defensor del Pueblo aumentan un 41 por ciento en 2008 y llegan a 24.000

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El número de quejas que los ciudadanos presentaron por el mal funcionamiento de la administración pública en España ante la oficina del Defensor del Pueblo en 2008 fue de casi 24.000, mientras que en el año anterior fueron 17.000, lo que supone un crecimiento del 41 por ciento, según informó hoy el presidente de esta institución, Enrique Múgica.

El Defensor del Pueblo realizó este anuncio tras entregar al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, el Informe Anual 2008 de esta institución. El texto, al que tuvo acceso Europa Press, destaca que de estas 24.000 denuncias, 15.804 son individuales, una cifra "constante" en relación con años anteriores.

En total, esta institución admitió a trámite a lo largo del año pasado más de la mitad de las quejas presentadas --el 53,38 por ciento-- si bien el informe no recoge aquellas que "por diversas razones" no pudieron ser estudiadas antes del 31 de diciembre de 2008.

El principal motivo de inadmisión, en el caso de las quejas individuales (a 2.602 de las 8.141 totales), fue la "no apreciación de indicios que revelen una irregularidad administrativa". "Dado que es muy habitual que el motivo central de esas quejas consista en una sencilla muestra de disconformidad, se suele suministrar al ciudadano información, pero se evita llevar a cabo una investigación más prolija", explica el informe.

A estas 24.000 quejas hay que añadir las actuaciones de oficio que realiza la institución, así como las quejas desestimadas --que son más de la mitad de las admitidas-- porque "no son de recibo o no entran dentro de las funciones del Defensor".

En concreto, esta institución inició 253 actuaciones de oficio --nueve menos que en 2007-- de las que fueron resueltas un 42,7 por ciento del total. El Defensor del Pueblo atribuye este crecimiento al "interés por los desajustes y presuntas disfunciones de las que se llega a tener conocimiento, más allá de la atención permanente a las numerosas peticiones y quejas". Además, presentó dos recursos de inconstitucionalidad, contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado y contra la Ley de la Generalitat Valenciana de Presupuestos para 2008.

La mayor parte de las quejas procedieron del territorio nacional, encabezadas por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Por el contrario, las quejas remitidas desde el extranjero apenas supusieron una de cada cien reclamaciones registradas.

125 RECOMENDACIONES Y 190 SUGERENCIAS

El informe destaca que en el ejercicio 2008 se han formulado un total de 125 recomendaciones, 190 sugerencias, 113 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias, lo que suma en conjunto 432 resoluciones.

Además, en esta ocasión, el documento recoge el estado de las resoluciones emitidas en los dos años anteriores. Así, es posible apreciar cómo de las 99 recomendaciones formuladas en el año 2006, más del 81 por ciento habían sido aceptadas al finalizar el año 2008; y de las 156 recomendaciones del 2007, 117, es decir, el 75 por ciento, ya han sido aceptadas.

Este año, el informe identifica a 14 ayuntamientos "entorpecedores" con la Institución por no atender a sus requerimientos, como el de Burgos, Cartagena o Cercedilla (Madrid). Además, en la Administración General del Estado, resaltan diversos departamentos de los ministerios de Fomento, Justicia y Asuntos Exteriores, que no han respondido al tercer requerimiento del Defensor.

Múgica señaló que el crecimiento en el numero de reclamaciones demuestra que "la gente, cada vez más, se considera maltratada por la administración", y es que los ciudadanos que "acuden al Defensor del Pueblo cuando consideran que la administración, ya sea central, autonómica o local, les maltrata de alguna forma o no les atiende suficientemente".

Del mismo modo, el Defensor del Pueblo indicó que este aumento de quejas "significa que la institución está cada vez más afianzada en España". En cuanto a la materia de las reclamaciones, señaló que el informe de este año "no cambia gran cosa" con respecto al anterior, ya que los asuntos siguen siendo Educación, Sanidad, Justicia, Medio Ambiente y Violencia de Género, entre otros.

JUSTICIA Y FUERZAS DE SEGURIDAD

El informe resalta en 2008 la "destacada notoriedad" las quejas relacionadas con la administración de la justicia, en parte por la incidencia de huelgas de funcionarios de órganos judiciales de las comunidades autónomas. Por otro lado, Múgica subraya uno de los incrementos "más altos" de la población penitenciaria durante el pasado ejercicio y recuerda que uno de los motivos del crecimiento de la tasa de suicidios es la masificación de los centros.

Además, el trabajo destaca las quejas relacionadas con "supuestas actuaciones indebidas" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su especial "gravedad cualitativa". En estrecha vinculación con lo anterior, señala la "preocupación" que produce la acumulación de denuncias por los "excesos" en la actuación de los vigilantes privados de seguridad.

En materia de tráfico y seguridad vial, incide en una recomendación para mejorar los medios de notificación a los ciudadanos de los trámites en los procedimientos sancionadores. Además, en materia de Extranjería, señala que las autoridades administrativas se muestran "algo menos eficaces" a la hora de ejecutar los trámites que pueden afectar a los menores extranjeros.

Igualmente, el Defensor del Pueblo arremete contra el procedimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como proceso de Bolonia, y califica de "lamentable" que se haya llevado de una manera "silenciosa". Con relación a las políticas sociales, considera "necesario" aludir a la tramitación de muchas quejas por el "notorio lento" desarrollo de las previsiones de la llamada Ley de dependencia.

LA CRISIS AUMENTA QUEJAS DE LOS PARADOS

Múgica también destaca que debido al "brusco" deterioro de la economía en el pasado ejercicio, se han recibido "muchas" quejas de ciudadanos por las largas esperas para presentar sus solicitudes de prestación o por la tardanza en comenzar a percibir sus derechos económicos.

Con relación a otras cuestiones de la actividad económica general, el informe constata "de nuevo carencias en el proceso de información pública a los ciudadanos sobre las medidas de la Administración en aspectos que afectan a su vida cotidiana, en relación a las quejas sobre modificaciones en la tarificación del consumo eléctrico. Finalmente, el Defensor del Pueblo se refiere a la "incompleta" definición del concepto de "desarrollo sostenible" en la actuación de las Admnistraciones públicas.