CiU denuncia que el Gobierno lleva más de dos años sin hacer un estudio sobre discapacidad que le mandó el Congreso

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CiU en la Comisión de Políticas de la Discapacidad, Concepción Tarruella, denunció hoy que el Gobierno lleva más de dos años sin elaborar un estudio, destinado a conocer el coste económico que supone una persona discapacitada para una familia, que le habían solicitado todos los grupos del Congreso de los Diputados.

La diputada de CiU recuerda que, en noviembre de 2006, la Comisión de Políticas de la Discapacidad aprobó por unanimidad una iniciativa de su grupo en la que se pedía al Ejecutivo la realización de un informe sobre "el agravio económico comparativo que origina la discapacidad", en el que se tuviera en cuenta "los tipos de discapacidad y las realidades socio-económicas de cada comunidad autónoma", con la finalidad de que fuera utilizado para orientar las políticas públicas en esta materia.

Ante la falta de elaboración de dicho estudio, CIU preguntó por escrito al Gobierno, en octubre de 2008, sobre la fase en la que se encontraba el informe. En una respuesta de enero de 2009, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo asegura que "se están definiendo las líneas de trabajo en las que se debe desarrollar, con el fin de cumplir los objetivos reseñados y hacer del mismo un instrumento útil, exhaustivo y práctico".

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (competente en la materia a partir de esta legislatura) añade que "el sobrecoste económico que soportan las personas con discapacidad y sus familias es una barrera para su plena inclusión", por lo que asegura que este departamento "pretende conocer en qué medida los ciudadanos españoles con discapacidad se ven afectados por esta situación".

Tras esta respuesta, Tarruella mostró su "profunda indignación" por el incumplimiento del mandato del Congreso y tachó de "inconcebible que en más de dos años el Gobierno no haya tenido tiempo para hacer el estudio".

Por ello, CiU ha vuelto a registrar un escrito en el que pregunta al Gobierno si "considera lógico tardar dos años y dos meses para definir las líneas de trabajo del estudio" y si piensa "adoptar alguna medida para mejorar la eficiencia de los organismos responsables de la elaboración del mencionado informe". Por último, exige al Gobierno que se comprometa a tener el documento en una fecha concreta.