MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón acordaron hoy colaborar de forma conjunta para abordar el seguimiento de la residencia AMMA, en la que falleció una mujer el pasado 23 de septiembre, según informó hoy en Consistorio.
Ambos organismos se comprometieron a abordar el control del funcionamiento y gestión de la residencia, así como para garantizar la mejor asistencia a los usuarios y a sus familiares, aunque cada una, en el marco de sus competencias.
Así, el Consistorio se encargará de trasladar a la Comunidad, en el menor tiempo posible y de forma directa, cualquier reclamación que conozca. Por su parte, el Gobierno regional investigará cualquier supuesta irregularidad que le traslade el Ejecutivo municipal.
La reunión, a la que asistieron la viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales, Regina Plañiol; el director general del Mayor, José María Alonso, y la concejala de Asuntos Sociales de Alcorcón, Marina Fernández, sirvió para sentar las bases de colaboración entre administraciones de cara al futuro para conseguir el mejor funcionamiento de los servicios que se desarrollan en el municipio.
La Comunidad explicó a la responsable municipal que la investigación que está en curso se realizará por el cuerpo especial del Servicio de Inspección de la Consejería, que trabajará de forma imparcial y objetiva manteniendo las máximas garantías en el procedimiento. Este cuerpo está formado por funcionarios, cuya actividad está reglada dentro de la Administración.
Por otra parte, y ante la petición del Consistorio de crear un órgano conjunto para controlar las residencias existentes en los diferentes municipios, la Comunidad aseguró que estudiará la medida, si bien esta iniciativa supone un cambio normativo y una reestructuración de las competencias de cada Administración, por lo que se debe analizar jurídicamente.
Además, la Comunidad destacó que los pliegos del contrato de la residencia AMMA de Alcorcón son públicos y que pueden ser consultados por cualquier ciudadano, si bien existen otros datos de ámbito privado a los que debe dar acceso la propia empresa.
Finalmente, la Administración regional expresó su intención de verificar cualquier queja recibida, sin crear alarma social y dentro de un ámbito de total lealtad institucional.
