MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales impulsará la creación de un fondo estatal para financiar programas dirigidos a promover la accesibilidad de las personas discapacitadas en todos los ámbitos de la sociedad, la política, la educación, la cultura o la economía, así como la eliminación de barreras arquitectónicas, informó hoy a Europa Press el portavoz del CiU en este órgano, Carles Campuzano.
Según Campuzano, este fondo se impulsará la próxima semana, a través de una enmienda, pactada con el Grupo Socialista, a la Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
De hecho, el pleno de la Cámara tenía previsto debatir esta tarde una proposición de Ley de CiU sobre esta cuestión, pero la formación nacionalista decidió retirarla a última hora, tras obtener un compromiso de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, en este sentido.
"Hemos visto que el fondo se podría crear de una manera más rápida a través de esta enmienda, que mediante la tramitación del proyecto de Ley", explicó el portavoz de CiU en esta materia. Ambas partes no han abordado la cuantía de este fondo, que será aprobado con carácter anual a través de los Presupuestos Generales del Estado.
UNA REIVINDICACIÓN DEL CERMI.
La aprobación del fondo responde a una reivindicación del Consejo Estatal de Representantes de personas discapacitadas (CERMI) y pretende movilizar "recursos financieros de nuevo cuño" destinados a actuaciones de accesibilidad.
CiU advierte de que, a pesar de los esfuerzos realizados desde la aprobación de la Constitución y las Leyes que la desarrollan en el ámbito de la discapacidad, "buena parte de los entornos, entendidos en sentido amplio, siguen presentando, por ausencia de condiciones de accesibilidad universal, barreras, limitaciones y restricciones" a estas personas.
El Grupo Catalán planteaba en su proposición de Ley que este fondo estatal debería contemplar una aportación del Estado del 1 por ciento a cada obra pública dirigida a la eliminación de barreras, además de la cantidad fijada anualmente en los presupuestos y aportaciones del sector privado.
