MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad aprobó hoy por unanimidad siete proposiciones no de ley, entre las que destaca la de solicitar al Gobierno a que promueva en los órganos de decisión de la UE la adopción de una legislación específica sobre no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que proporcione a este colectivo "mejores instrumentos de protección y defensa que les permitan llevar una vida autónoma y libremente elegida".
Además, la comisión dio luz verde a una iniciativa del PP, enmendada por el PSOE, para instar al Ejecutivo a que contemple, durante este año, en el Plan de acción previsto en la Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, las bases de una información anual sobre el mercado de trabajo de este colectivo y las tasas de actividad, así como la publicación por los Servicios públicos de Empleo de datos de empleo y paro.
Los grupos también acordaron una propuesta del Grupo Mixto para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la revisión de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado a fin de evitar cualquier trato discriminatorio. Así, solicita al Gobierno que regule los apoyos materiales y humanos necesarios que permitan a las personas con discapacidad desempeñar la función de jurado con normalidad.
Sobre la iniciativa del PP de dar audiencia a los interlocutores del mundo de la discapacidad para cualquier medida que incida en la Seguridad Social de dicho colectivo, la comisión acordó pedirle al Ejecutivo que prosiga el diálogo con estos interlocutores cualificados estableciendo para este fin vías de consenso en el seno del Pacto de Toledo.
Otro de las propuestas aprobadas por unanimidad en la Cámara baja fue la de pedirle al Gobierno que recabe, en el menor plazo posible, los informes pendientes para determinar el organismo privado no gubernamental y consultivo de seguimiento de la Convención Internacional de la ONU, con el objetivo de reforzar y asesorar a la institución del Defensor del Pueblo. A su vez, solicitan que se garantice el control parlamentario de este organismo consultivo.
Sobre la sustitución de la denominación de la revista bimestral del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 'Minusval', propuesta por CiU, los grupos acordaron que se adopte otro término más acorde con la terminología utilizada en la actualidad y que carezca de aspectos que puedan ser discriminatorios.
Por último, pactaron una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno a que divulgue la información relativa a las ayudas técnicas para las personas con discapacidad, coincidiendo con el 20º aniversario del Centro Estatal De Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), y que realice las acciones necesarias para la selección de productos, compartiendo información y recursos con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.