MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha urgido a todos los grupos parlamentarios a alcanzar "importantes acuerdos" en materias "trascendentales" para que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en las instituciones del Estado, después de entregar al presidente del Congreso, Jesús Posada, el informe anual de la institución, correspondiente al año 2012, en la Cámara Baja.
"Es lógica la discrepancia entre los grupos, es lo normal en la Democracia, pero en grandes momentos hay que llegar a grandes acuerdos, y algunos de estos acuerdos son imprescindibles para restaurar la confianza en las instituciones del Estado", ha insistido la Defensora del Pueblo.
Así, ha explicado que este deseo expreso se recoge en el mensaje de la Defensora al inicio del informe anual, contando con la experiencia de los españoles desde que se construyera la democracia en España. "Contribuyamos todos a poner sobre la mesa las reformas necesarias para restaurar la confianza en las instituciones", ha reiterado.
UN INFORME PRESENTADO CON INMEDIATEZ
Acompañada por los adjuntos a la Defensoría del Pueblo, Francisco Fernández Marugán y Concepción Ferrer, Becerril ha subrayado igualmente que el informe se ha entregado este año "con enorme rapidez" para que las Cortes tengan una información "muy cercana" a lo acaecido en 2012 y para que los ciudadanos conozcan la labor de la Defensoría.
"Es la primera vez que se hace con tanta inmediatez", ha subrayado, al mismo tiempo que ha avanzado que se debatirá en la Cámara Baja en próximas semanas.
A su juicio, destacan en el informe las 548 recomendaciones, tanto por el número como por la importancia, dirigidas a todas las instituciones para que cumplan o rectifiquen normas, decretos o actuaciones en los que había errores, o porque los ciudadanos se quejaban, o porque a juicio de la Defensoría había problemas.
ACTUACIONES REALIZADAS
De las actuaciones realizadas por la institución ha destacado los informes sobre desahucios hipotecarios, donde dice que se han estudiado con detalle y se han hecho recomendaciones, aunque ha precisado que en próximos días se presentarán más.
Igualmente, ha resaltado el informe sobre el catastro y la conveniencia de reformarlo y dotarlo de nuevos medios para que sea más fácil el acceso a los ciudadanos.
En materia de trata de seres humanos, Becerril ha subrayado que, especialmente, hay mujeres que son extorsionadas y chantajeadas, son víctimas con fines de explotación sexual, y para el colectivo hay recomendaciones dirigidas a las administraciones para que se detecten estas redes y se ayude a estas mujeres para restaurar e iniciar una vida distinta.
TRATA DE SERES HUMANOS
Preguntada sobre qué tipos de recomendaciones se han formulado en este sentido, Becerril ha detallado que hay dos tipos: en el campo de protección a las víctimas, de cara a darles más facilidades para su reinserción; así como sobre la persecución de las redes, para que a una mujer que pueda sobre una mujer víctima de trata no se concluya la investigación inmediatamente, sino que se tome el tiempo "necesario y prudencial" para averiguar si lo es.
"Que no se diga a primera vista que puede ser víctima de una red de esta naturaleza sino que se tome el tiempo y se investigue a fondo porque muchas veces detrás hay una persecución y una red", ha indicado.
En relación con las quejas, la defensora ha señalado que han ascendido a 33.478, mientras que las investigaciones de oficio iniciadas, después de que los ciudadanos las remitieran, a 371. "Siempre vale la pena porque se encuentra detrás una pena con una recomendación para mejorarlo", ha precisado.
En cuanto a las solicitudes de recurso, Becerril apunta sobre 29 normas y en concreto, 246.000 las firmas ciudadanas que han pedido que se recurrieran varias normas, fundamentalmente la paga extra a los funcionarios, "que produjo la llegada de muchísimas firmas", la restricciones en materia de dependencia, y aquellas relativas a la renta activa de inserción, cuyas recomendaciones fueron aceptadas por el Ministerio de Empleo, según ha especificado.
Según sus estimaciones, se aceptan en torno al 70 por ciento de las recomendaciones del Defensor pro parte de las administraciones. "Mantenemos nuestra firme posición de que aquellas administraciones que no responden en un tiempo prudencial, tras reiterarles la petición, si no lo hacen lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía", ha indicado.
Según el informe de 2012, los ayuntamientos de Torredembarra, Langreo y Leganés, así como la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio de Abogados de Toledo merecen mención aparte, ya que persiste en su actitud no colaboradora desde hace años.
EL PRESUPUESTO SE REDUCE
Sobre el Presupuesto de la institución, que se ha ido reduciendo en con el paso de los años, para 2012 bajó un 4,5 por ciento, situándose en los 14.492.900 euros.
Según ha explicado, se ha reducido puesto que los ciudadanos han visto este año recortados sus ingresos, padecen dificultades económicas, y con ello cree que las instituciones tienen que ajustar sus presupuestos y gastos.
"Nos ha parecido conveniente ser un buen ejemplo al eliminar algunos gastos no necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos como dietas, coches, actuaciones de carácter protocolario y viajes no necesarios", según ha enumerado.
