El grupo de expertos de avisa que el gasto en dependencia aumentará del 0,6 por ciento del PIB actual al 1,5 por ciento en 2015
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno se comprometió esta tarde en el Congreso de los Diputados a poner en marcha un decálogo de medidas destinadas a mejorar la eficacia de la Ley de Dependencia, entre las que destaca la reforma del procedimiento de valoración de las personas dependientes.
Así lo anunció en la Comisión de Sanidad y Política Social el secretario general de Política Social, Francisco moza, después de haber analizado el estudio que el Congreso mandó elaborar a un grupo de expertos, designados por el Gobierno, para que se garantizara la sostenibilidad del sistema de atención a las personas dependientes.
Moza aseguró que el Gobierno reformará el procedimiento de valoración de las personas dependientes para que sea homogéneo en todas las comunidades autónomas y ampliará los supuestos de establecimiento de plazo máximo.
REVISAR EL BAREMO
Del mismo modo, el Ejecutivo socialista revisará los manuales de aplicación del baremo para especificar con mayor precisión cuáles son las condiciones para establecer grado I, II o III de los beneficiarios.
El Gobierno también implementará medidas para garantizar que los propios beneficiaros puedan expresar qué tipo de servicio prefieren recibir, y elaborará un manual de buenas prácticas a raíz de la experiencia de las distintas comunidades autónomas.
Otros de sus compromisos será posibilitar una mayor movilidad de las personas con dependencia por todo el territorio nacional y mejorar la integración de las políticas sociales y sanitarias.
AVISO SOBRE LA FINANCIACIÓN
Por otra parte, el Grupo de Expertos designado por el Gobierno destaca en su informe que la financiación del sistema "es la parte menos desarrollada y una de las más problemáticas" del sistema y agrega que "las estimaciones de costes del sistema que contempla la memoria económica de la Ley de Dependencia han quedado por debajo de lo que la realidad de la dependencia impone".
Además, avisan de que, si en la actualidad el gasto en dependencia se estima en un 0,6 por ciento del PIB, en el año 2015 se estima que llegará al 1,5 por ciento.
Con todo, los expertos señalan que para garantizar la eficacia del sistema de atención a las personas dependientes no basta con asegurar los recursos financieros, sino que también se debe mejorar la coordinación interadministrativa, integración de la política social con la política sanitaria, reducción de los tiempos en la asignación de la prestación y acreditación de la calidad de los servicios que se otorgan, entre otras cosas.
Moza destacó que el Gobierno ha previsto para el año 2010 más del doble dinero de lo establecido en la ley, a lo que hay que sumar "el magnífico económico esfuerzo realizado por los ayuntamientos y las comunidades autónomas".
GRUPO QUE ESTUDIARÁ LA FINANCIACIÓN
Durante su comparecencia, el secretario indicó que el grupo de trabajo constituido en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de la Dependencia estudiará los costes del sistema y la forma de llegar a un consenso sobre los criterios de distribución de los créditos del nivel acordado, en donde, admitió, "existe indefinición".
El grupo de expertos ha estado formado por el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio Rodríguez Cabrero; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Guillermo López Casasnovas; y los profesores de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, Simon Sosvilla y José Antonio Herce.
La ex directora de servicios sociales de la Generalitat de Cataluña entre 1999 y 2003 y actual directora del Área Social y Sociosanitaria de Antares Consulting, Montserrat Cervera, también forma parte de este grupo de expertos.
