MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno dice que desconoce la práctica de "coacción" o "actitud intimidatoria" a los solicitantes de las prestaciones y servicios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia por parte de varias comunidades autónomas (CC.AA.), a la hora de llevar a cabo el trámite de consulta, en el momento de establecer el Programa Individual de Atención (PIA).
Así responde el Ejecutivo por escrito a la pregunta registrada por el PP en el Congreso de los Diputados, donde muestra su "preocupación" porque algunas administraciones autonómicas, amenazan a los solicitantes con archivar su expediente y quedarse sin ninguna ayuda "si no firman el acta de este programa aun no estando de acuerdo".
Los 'populares' dicen que varias CC.AA. obligan a presentar un documento aportando datos de personas del entorno de las personas dependientes que han solicitado alguna ayuda, "cuando la Ley de Dependencia establece que la atención de estas personas es un derecho subjetivo" y, por tanto, el acceso a los servicios que contempla la norma depende de las condiciones del solicitante y no de sus familiares y las personas de su entorno.
Del mismo modo, el PP advierte al Gobierno de que algunas comunidades han publicado órdenes en las que señalan que para establecer la capacidad económica y patrimonial de los beneficiarios de la Ley de Dependencia se considera como tal capacidad la de unidad familiar, "lo que va en contra de la propia norma".
Por su parte, el Ejecutivo responde que la importancia que reviste el trámite de audiencia dentro del reconocimiento del PIA es la determinación de las modalidades de intervención "más adecuadas a sus necesidades", de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel y elección entre las alternativas propuestas del beneficiario.
No obstante, apunta que las comunidades autónomas son las que poseen la competencia para proceder a la regulación relativa al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema, a tenor de los dispuesto en el artículo 28 de la norma.
Asimismo, recuerda que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte tiene conocimiento de la normativa promulgada por las diferentes autonomías como consecuencia de la propia ley y su normativa de desarrollo. "Por todo ello, resulta justificado que se soliciten datos acerca de tales personas, ya que, como se apuntó anteriormente, puede tener importancia en relación al cálculo de la capacidad económica del beneficiario", apostilla.
