SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Socialista, Manuel Gracia, anunció hoy que su formación defenderá el próximo jueves una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento de Andalucía, encaminada a que el Gobierno de la Nación cambie los criterios de aplicación de la financiación de la Ley de Dependencia a las comunidades autónomas, y que ésta se realice en virtud de los beneficiarios ya valorados y atendidos, y no de la población potencial, "debido a las significativas diferencias del número de atendidos entre unas comunidades y otras".
En rueda de prensa, Gracia precisó que su formación insta al Consejo de Gobierno a que éste solicite al Estado a que en el marco de financiación de los convenios establecidos con las comunidades autónomas, se contemple como valor preponderante para financiar el nivel acordado, a los beneficiarios ya valorados y atendidos, atendiendo a lo determinado en la Ley de Dependencia.
Gracia indicó también que su formación solicita que se proponga en el seno del Consejo Territorial, el estudio sobre la separación de las partidas destinadas a financiar el nivel mínimo de servicios y prestaciones garantizados como derechos y reconocidos en la Ley de Dependencia, de aquellas otras partidas establecidas para sufragar el nivel acordado con las comunidades autónomas incluido en la misma ley.
Asimismo, el PSOE-A solicita también que se proponga en el Consejo Territorial el estudio sobre los gastos de las comunidades autónomas generados por la gestión del sistema de dependencia, así como el aumento de la previsión presupuestaria prevista en la memoria de la ley para garantizar el nivel mínimo, en base al número de personas evaluadas por el sistema para hacer posible una mejor financiación de este nivel.
De igual modo, los socialistas consideran necesario incrementar para el ejercicio 2009 los recursos aprobados en el Consejo Territorial para la financiación del nivel acordado con las comunidades autónomas que contempla la Ley.
El Grupo Socialista pedirá también a la Cámara andaluza que inste el Consejo de Gobierno a proponer, en el seno del Consejo Territorial, la posibilidad de que las comunidades autónomas contemplen en sus presupuestos generales anuales, a través de un programa presupuestario específico, las partidas destinadas a la aplicación de la Ley de Dependencia.