Dependencia.- El teléfono de información gratuito recibe más de 135.000 llamadas en sus tres meses de funcionamiento

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio telefónico gratuito de información sobre la Ley Dependencia habilitado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (900 40 60 80) recibió más de 135.000 llamadas en sus tres meses de funcionamiento, según datos oficiales que recoge Europa Press.

El Consejo Territorial de la Dependencia aprobó ayer los servicios y prestaciones que recibirán las personas en esta situación, así como los mecanismos de financiación del sistema, con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, salvo las del Partido Popular y el País Vasco, esta última por cuestiones económicas relacionadas con el cupo.

Mientras tanto, desde la entrada en vigor de la Ley el pasado 1 de enero, los ciudadanos se han dirigido al teléfono gratuito habilitado por el Ministerio. Sólo el primer mes, un total de 51.731 ciudadanos llamaron a esta línea interesándose por los efectos de esta norma.

Los dos siguientes meses, concretamente, entre el 2 de febrero y el 27 de marzo, la línea del Ministerio recibió un total de 84.132 llamadas, principalmente para conocer los servicios y prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia, así como en las características de la valoración de la dependencia.

También se han atendido un gran número de peticiones sobre la implantación del sistema, y se han resuelto dudas generales sobre la ley. Los ciudadanos que se han puesto en contacto con el servicio de información se han identificado en su mayoría como posibles beneficiarios o como familiares de personas mayores y personas con discapacidad.

COMPLETADO EL DESARROLLO REGLAMENTARIO

El Gobierno dio ayer por completado el desarrollo reglamentario de la Ley, por lo que las personas dependientes (unas 200.000 en situación más grave) podrán empezar a percibir las prestaciones económicas o los servicios de atención (centros de día, noche, residencias, atención a domicilio o teleasistencia) cuando sean evaluados por sus autonomías. Algunas de ellas, como Asturias, esperan dar arranque al sistema el próximo mes de junio.

El Ejecutivo sacó adelante su propuesta de prestaciones económicas que para los casos más graves serán de 780 euros para costear servicios en el mercado privado; 561 euros para los cuidadores familiares y 780 euros para la contratación de un asistente personal.

En cuanto a la coparticipación de los beneficiarios, las comunidades autónomas deberán aplicar, por el momento, el copago que utilizan en sus servicios sociales, dado que no se ha alcanzado un acuerdo en esta materia.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, afirmó ayer que todos los ciudadanos que tengan en sus manos la resolución de su grado y nivel de dependencia podrán cobrar la prestación económica o el servicio que la Ley les garantiza.

Según dijo, aunque los acuerdos deben pasar por el Consejo de Ministros, para garantizar su seguridad jurídica, las comunidades autónomas pueden poner en marcha el sistema, en virtud de sus competencias.