CARMONA (SEVILLA) 16. (EUROPA PRESS)
El director General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia y catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), José María Contreras Mazarío, afirmó hoy que "igual que no es lógico que haya símbolos ideológicos en la escuelas, tampoco es lógico que los haya religiosos".
Mazarío realizó estas declaraciones en el ámbito del curso de verano de la UPO en Carmona 'Derecho a la Educación y a la Religión'. Además, añadió que la presencia de símbolos religiosos en escuelas que están significativamente caracterizadas de esta forma "podría estar justificada".
Otra cosa es, según afirmó, en los centros públicos. "No se trata de quitar o poner, sino de ir a un proceso de normalización, España ya no es homogéneamente religiosa y el poder público debe ser neutral hacia las creencias de sus ciudadanos, no puede reconocer a una como mejor que otra y la escuela lo que debe hacer es integrar a todos y permitir la convivencia".
Sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, afirmó que "hay que distinguirla desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal" y consideró que, "a nivel personal, la religión ocupa un lugar importante en la sociedad, si bien a nivel institucional va perdiendo importancia".
Al hilo añadió que "el papel de la Iglesia va perdiendo importancia en sus relaciones con los poderes públicos", por lo que recomendó a la comunidad eclesial que "mantengan vivo el mensaje del Evangelio y difundirlo, aunque debe velar más por el ámbito moral de sus fieles y menos por el ámbito político".
El catedrático añadió que la enseñanza de la religión está enmarcada "en los acuerdos del Gobierno con la Santa Sede" y añadió que "es una enseñanza obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos como enseñanza confesional".
Sobre el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos, concluyó diciendo que se da la circunstancia de que "en caso de discrepancia entre los padres y el hijo, la ley ampara a los padres. "Es una cuestión sobre la que hay que reflexionar, pues a los 16 ó 17 años ya pueden decidir sobre otras cuestiones también importantes", finalizó.
