La gestión sostenible de parques y jardines requiere más inversión por parte de los ayuntamientos, según el sector

Europa Press Sociedad
Actualizado: martes, 1 diciembre 2009 15:29

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La protección del medio ambiente urbano es un "instrumento dinamizador" de la economía que requiere que los ayuntamientos "inviertan en el mantenimiento de sus parques, jardines y arbolado para que sean económica y ambientalmente sostenibles, realicen contratos de larga duración y reduzcan su morosidad", según las conclusiones de las jornadas 'Nuevas Claves para Optimizar la Prestación de Conservación de Espacios Verdes y Arbolado Urbano' organizadas por la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) y celebradas hoy en Madrid.

Durante este encuentro se recordó que el servicio de mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes depende "fundamentalmente" del sector público ante lo cual los ciudadanos demandan "más calidad" de vida y parques y jardines que contribuyan a estas exigencias al ser "pulmones verdes de las ciudades, sumideros de CO2 y lugares de ocio y entretenimiento".

Para ASEJA, los ayuntamientos tienen ante sí un "gran reto": conjugar niveles adecuados de calidad ambiental con partidas presupuestarias que mejoren la conservación de los espacios verdes, aunque, sin embargo, "se gastan entre tres o cuatro euros en el cuidado de un metro cuadrado, cuando son necesarios siete u ocho".

En concreto, otros de las resultados de estas jornadas son que ante el "deterioro" de la calidad en la conservación que existe en muchas ciudades, "no se aprecia inquietud e intencionalidad política por la importancia de estas zonas y su conservación". Además, esta organización observa "incoherencia" en las licitaciones.

Asimismo, se queja de que algunas empresas del sector no están aplicando el convenio, hacen competencia "desleal" en precios y abusan "incumpliendo los derechos salariales" de los jardineros, por lo que piden a los ayuntamientos que sean "exigentes" al comprobar el cumplimiento de la legalidad.

"El retraso en los pagos por parte de los ayuntamientos hace que las empresas soporten financieramente cobros que, en ocasiones, superan el año para plantillas con más de cien operarios", concluye.

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