MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció hoy que el Gobierno aprobará antes de final de año un reglamento que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para que puedan participar en condiciones de igualdad en la vida política y en los procesos electorales.
La ministra realizó este anuncio durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados, donde explicó las líneas fundamentales de su departamento en materia de discapacidad.
Las medidas del Gobierno irán destinadas a mejorar el acceso a los edificios electorales y aumentar el acceso a la información electoral, a las papeletas y a las mesas electorales. El reglamento también regulará la accesibilidad en las campañas de comunicación oficiales y de los grupos políticos.
Asimismo, la normativa tratará de garantizar que las personas que hayan sido designadas como miembros de una mesa electoral puedan desarrollar su función, ya sea con un asistente personal o con un intérprete de la lengua de signos o con cualquier otro tipo de medio adaptado a la discapacidad de la persona en cuestión.
Esta medida se toma después de que en anteriores elecciones se hayan detectado situaciones que discriminan a las personas discapacitadas. Como ejemplo, en las elecciones generales de marzo de 2008, el invidente Ricardo Abad denunció que la Junta Electoral de Sueca (Valencia) le impidió actuar como presidente de mesa debido a su ceguera y pese a haber propuesto desempeñar esta labor acompañado por un asistente personal de su confianza para que le ayudara en las tareas que no pudiera realizar por sí mismo, como la comprobación de documentos o el recuento de votos.
ADELANTAR LA EDAD DE JUBILACIÓN y TDT
Por otra parte, la ministra indicó que el Gobierno está estudiando "adelantar la edad de jubilación de las personas con discapacidad", ya que con frecuencia sufren un prematuro deterioro físico y una menor esperanza de vida debido a su discapacidad.
El Ejecutivo socialista estudia aplicar esta rebaja a los discapacitados en función de su discapacidad, pero recuerdan que esta medida debe ser acordada entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, destacó que, ante los problemas de accesibilidad de la TDT para las personas con discapacidad, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) ha desarrollado un software "abierto y gratuito" que se entregará a las empresas para que fabriquen sistemas accesibles para este colectivo. El Gobierno prevé que el producto estará disponible en el mercado a final de año.
La ministra también indicó que "próximamente" el Gobierno aprobará la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, considerado fundamental para la difusión de la lengua de signos.
EL GOBIERNO TARDA TRES AÑOS PARA UN INFORME
Preguntada por la diputada de CiU Concepció Tarruella por el informe que el Gobierno debería haber presentado hace tres años sobre el coste que supone a las familias tener una persona discapacitada, Jiménez dijo que el estudio se ha encargado a un centro de la Universidad Carlos III, que se presentará "antes de que acabe el año".
El informe fue una iniciativa de CiU aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2006. En octubre de 2008, Tarruella preguntó por escrito al Ejecutivo sobre la fase en la que se encontraba dicho estudio, a lo que el Gobierno respondió, tres meses más tarde, que se estaban "definiendo las líneas de trabajo en las que se debe desarrollar".
La diputada de CiU ha mostrado en repetidas ocasiones la indignación que le produce el hecho de que el Gobierno haya incumplido este mandato del Congreso y que en tres años no hay sido capaz de llevarlo a cabo. La ministra se ha comprometido hoy "personalmente" a que el informe esté antes de que acabe el año.
Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Vañó, le pidió a la ministra que no rompa "la tendencia al pacto" que hay en este sector, que "no prometa lo que no pueda cumplir para no aumentar la frustración" y que haga especial esfuerzo en desarrollar estrategias que faciliten el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.