La Ley andaluza de Violencia de Género fomentará la detección precoz y la prestación de la atención sanitaria necesaria

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La futura Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género incluirá en el ámbito de la salud medidas específicas para la prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia de género así como garantizará la prestación de la atención sanitaria necesaria, incluida la psicológica, a las víctimas de este tipo de violencia.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, explicó que uno de los objetivos en la prevención de la violencia de género consiste en la detección precoz por parte del personal sanitario, que permitirá conocer entre otras cuestiones si algunas patologías se deben por este tipo de violencia "y que incluso puede hacer que el sanitario convenza a la mujer para que verbalice esta situación en la que vive".

Asimismo, entre las medidas del Plan Andaluz de Salud, Navarro destacó la importancia de que las víctimas reciban ayuda psicológica, "para hacer que recuperen la autoestima y puedan estar en condiciones de presentar la denuncia".

La consejera incidió en la importancia de la prevención de la violencia de género y en la dotación de recursos para que, una vez que la mujer denuncie, no se quede sola y tenga todo el dispositivo a su disposición. Así, indicó que la futura normativa trata de garantizar "la seguridad, la vida y la libertad de las víctimas de malos tratos".

"De lo que se trata es de procurar la autonomía, la independencia y la seguridad de las mujeres que deciden presentar una denuncia por malos tratos", indicó Navarro, quien cifró en 28,4 millones de euros el presupuesto de este año para desarrollar la nueva norma.

De esta manera, se otorga el máximo rango legal a las iniciativas desarrolladas por la Junta de Andalucía para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que motivó la presentación de más de 14.000 denuncias en la comunidad autónoma el pasado año y de más de 3.300 durante los tres primeros meses de 2007. De este modo, en Andalucía se reconocerán legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.

PREVENCIÓN.

Especial atención presta el texto legal a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral que desarrollará las estrategias de actuación en los ámbitos de la educación, la comunicación, la coordinación institucional, la formación y la detección de esta violencia.

En el terreno educativo, el proyecto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros. Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada. Por su parte, en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.

En el capítulo de las iniciativas para la integración de las víctimas, la ley prevé establecer un cupo de reserva específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler. Además, tendrán prioridad en el acceso a las guarderías infantiles.

INTEGRACIÓN LABORAL.

El proyecto también da rango legal a las medidas en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este modo, la Administración autonómica concederá incentivos para facilitar el trabajo autónomo y el desarrollo de las empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia. De igual modo, se fomentará la inclusión de medidas de apoyo en la negociación colectiva. En el caso específico de la Administración autonómica, se facilitará el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.

Finalmente, con la futura norma se consolidará la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad autónoma con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado año atendió a un total de 2.085 personas, entre mujeres e hijos.