El PP catalán pedirá a los ayuntamientos que faciliten el padrón a la Delegación del Gobierno

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, anunció hoy que todos sus grupos municipales presentarán mociones en los ayuntamientos para que comuniquen a la Delegación del Gobierno "todas las presuntas situaciones de inmigración irregular que detecten en sus padrones", tal y como ya hicieron los populares en el Ayuntamiento de Barcelona.

En rueda de prensa, Camacho avanzó también que el PP presentará una propuesta de resolución en el Parlament catalán para que el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, pida a los consistorios catalanes que faciliten el padrón a la Delegación del Gobierno.

Consideró que es obligación de los ayuntamientos informar cuando tengan conocimiento de una posible ilegalidad, mientras que fijó como función del Govern catalán "verificar la información y actuar en consecuencia".

Aseguró que los ciudadanos piden políticas valientes en los temas que les preocupan, por lo que situó como uno de los ejes principales de la campaña del PP conseguir una inmigración "legal y ordenada, con derechos, pero también con obligaciones".

La dirigente popular abogó por que los partidos abandonen "la política del buenismo", y apuntó que los principales afectados por la inmigración ilegal en un periodo de crisis son los inmigrantes regulares.

Camacho rechazó que el PP haga electoralismo y aseguró que quien cuestiona la oportunidad de hablar sobre la inmigración es quien no tiene "valentía para afrontar el debate".

"PAPEL MOJADO"

La presidenta del PP en Cataluña lamentó también que el Pacto Nacional por la Inmigración aprobado por el Parlament --que los populares no apoyaron-- "se haya quedado en papel mojado", y aseguró que no es un buen instrumento para la integración.

Camacho acusó a CiU de usar un "doble lenguaje", e instó a la federación a romper con la contradicción que, a su juicio, supone que defiendan la postura del Ayuntamiento de Vic mientras apoyan la Ley de inmigración del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.