El PP no aceptará tramitar la propuesta del PSOE para reforzar la protección jurídica del menor en la violencia machista

EUROPA PRESS

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP rechazará este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que, entre otros puntos, pretende mejorar la protección de los menores en los casos de violencia de género.

Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias del Grupo Popular, quienes han justificado su rechazo a esta propuesta socialista porque "el Gobierno actualmente está actualizando esta legislación, en colaboración con las ONG". Por tanto, la proposición de ley no se admitirá a trámite, puesto que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario.

La iniciativa introduce modificaciones en la Ley de Protección Jurídica del Menor, Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo, entre otras cuestiones, de garantizar la protección jurídica del menor en cualquier circunstancia de riesgo o desamparo, prevenir estas situaciones, simplificar los procedimientos de acogida familiar y adopción; posibilitar la adopción de mayores de 18 años, y regular los centros de menores con trastornos de conducta.

PENDIENTE DESDE LA ANTERIOR LEGISLATURA

Según explica el PSOE, el contenido de la iniciativa es el del anteproyecto de Ley elaborado en la pasada legislatura, que por la convocatoria de elecciones no dio tiempo a tramitarse. "Un texto muy trabajado, consensuado con las fuerzas políticas y sociales, comunidades autónomas, instituciones, expertos y organizaciones de defensa de la infancia", según señala.

En concreto, propone reformar prácticamente una decena de artículos en el Código Civil, con el objetivo de mejorar la legislación actual y garantizar a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, que sirva de modelo a las comunidades autónomas en el desarrollo de su legislación de protección de menores.

Así, quiere modificar por ejemplo el artículo 158 del Código Civil para evitar "perjuicios innecesarios" que puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores tanto respecto al menor víctima de los malos tratos como en relación con los que sin ser víctimas puedan encontrarse en situación de riesgo.

Igualmente, plantea reformar el artículo 172 para establecer que la guarda de un menor por parte de las administraciones públicas se realice con carácter general mediante acogimiento familiar, de manera que "sólo cuando éste no sea posible o conveniente para el interés del menor tendrá lugar el acogimiento residencial".

Asimismo, quiere introducir en este mismo precepto la previsión de que se valorará especialmente la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial como medida de protección de los menores de 6 años, y de que los menores de 3 años no ingresarán en centros de protección, "salvo en los supuestos de imposibilidad debidamente acreditada de adoptar otra medida de protección".

El PSOE explica que "como complemento" a estos cambios, se propone modificar el artículo 173 bis, para suprimir el acogimiento provisional, "que ya no será necesario ante la simplificación" de esta figura prevista en la reforma, así como el acogimiento preadoptivo, "que en definitiva es actualmente una fase del procedimiento de adopción".

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACOGEDORES

Para controlar el acogimiento, se plantea una regulación de los derechos y deberes de los acogedores familiares con una disposición general y se prevé dotar de medios a la Fiscalía para que pueda ejercer su labor de vigilancia sobre la situación de los menores "evitando que sus esfuerzos queden limitados a un simple voluntarismo carente de operatividad práctica".

Se proponen otros cambios en esta materia, como la posibilidad de asumir su guarda provisional sin declaración previa de desamparo ni solicitud de los padres en tanto se identifica al menor y se constata su situación, dar competencia a la administración pública constituir un acogimiento familiar en caso de no tener conformidad de los padres o tutores o reconocer expresamente la legitimación de la entidad pública de protección de menores para introducir nuevas medidas cautelares.

En este sentido, propone que la entidad pública que asume la tutela tenga la competencia de fijar el régimen de visitas al menor por parte de su familia y, por tanto, la capacidad de suspenderlas en orden al interés superior del menor. "Se considera necesaria una reforma de este precepto que, de modo definitivo, clarifique la cuestión", argumenta el PSOE.

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

Por otra parte, sobre la Ley del Menor, el Grupo Socialista propone introducir "criterios de interpretación y aplicación" del concepto "interés superior del menor", redefinir la figura de la "situación de riesgo" y las medidas que tras su constatación deben adoptarse, estableciendo que la declaración se dictará por resolución administrativa ante "indicadores significativos" de desamparo.

También se propone una nueva redacción al articulado en materia de servicios de acogimiento residencial, definiendo las características básicas que deben reunir estos servicios y se sugiere la adición de contenidos relativos a la elaboración de un plan individual de atención al menor que ingrese bajo tutela o guarda de una administración pública.

Por último, en relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil, se introducen reformas procesales que "buscan obtener de los tribunales una tutela más efectiva posible de los derechos e intereses de los menores, mejorando los procedimientos ya existentes, haciéndolos verdaderamente efectivos, o corrigiendo aspectos que en la práctica cotidiana han dado lugar a interpretaciones contradictorias", conforme explica el Grupo Socialista.

La encargada de defender la iniciativa socialista será la exministra Rosa Aguilar, quien señala que en la protección de los menores no hay que bajar la guardia "bajo ninguna excusa".