El PP pide que De la Vega explique las medidas que ha adoptado para implantar el Plan de DD.HH. aprobado en 2008

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PP en la Comisión Constitucional del Congreso, el diputado Manuel Pizarro, ha solicitado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explique en la Cámara Baja las medidas que el Ejecutivo ha puesta en marcha para implantar el Plan de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2008.

La semana pasada, el grupo parlamentario de CiU pidió la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco, para que detalle el grado de ejecución de dicho plan. Ambas formaciones quieren conocer de primera cuántas de las 172 medidas contempladas en este plan ha desarrollado el Ejecutivo socialista y cuáles va a llevar a cabo en 2010.

Este programa, aprobado con motivo de la conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quiere promover la igualdad y la integración de las personas, así como garantizar la protección los derechos humanos en España. La estrategia contempla la aprobación de Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación.

Con la adopción del plan por España, son 24 los países que han adoptado una acción de estas características, siguiendo una recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que propuso que cada Estado considerara la posibilidad de elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se determinaran las medidas necesarias para mejorar en su ámbito la promoción y la protección de los derechos humanos.

Según el Gobierno español, este país goza de "una democracia consolidada, un país en el que existe una conciencia pública del valor y la importancia de los derechos humanos, en el que los mismos se encuentran protegidos y garantizados", pero defiende que es necesaria la puesta en marcha de este plan porque "en el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos, éstos comienzan a debilitarse".

El proyecto contempla, igualmente, la aprobación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, un observatorio sobre el pluralismo religioso y un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal.