El PSOE promoverá una reforma para castigar a patrones de cayucos incluso cuando el destino sea otro país de la UE

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista promoverá una reforma del Código Penal con el fin de que se pueda castigar a los responsables de las mafias de la inmigración y a patrones de embarcaciones ilegales cuando se intercepte la embarcación fuera de las aguas territoriales españolas, incluso si el destino final es otro país de la Unión Europea, informaron a Europa Press fuentes de esta formación.

Esta reforma será introducida a través de una enmienda al proyecto pro el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

La iniciativa pretende dar jurisdicción a los tribunales españoles para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos, cuando se produzcan detenciones en aguas internacionales de embarcaciones con personas que perseguir entrar en España, sin documentación y al margen de los puestos fronterizos.

Hasta el momento, sólo se podía juzgar a los patrones de estas embarcaciones, salvo si el tráfico de seres humanos detectado estaba orientado a la explotación sexual de los mismos. De esta forma, la reforma equiparará el tráfico de personas a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería de aeronaves, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina.

Los socialistas también han presentado enmiendas con el fin de que los juzgados mercantiles también estén capacitados para aplicar el derecho comunitario de la competencia, el reconocimiento mutuo, así como la ejecución de sentencias y resoluciones arbitrales extranjeras.

El Grupo Parlamentario Popular también ha presentado enmiendas al proyecto dirigidas a delimitar la aplicación de la norma especificando su aplicación cuando el tráfico de personas afecte a trabajadores.

INDICIOS RACIONALES DE INMIGRACIÓN CLANDESTINA

Por su parte, los nacionalistas de CiU consideran que se debe perseguir este tipo de delitos siempre que existan indicios racionales de que el acto de tráfico ilegal o de inmigración clandestina tenga España como destino, ya sea final, o de tránsito hacia otros estados.

Las enmiendas de CiU también pretenden que los juzgados de instrucción más próximos al lugar de los hechos y a las fuentes de la prueba sean competentes para la instrucción de la causa por el delito de tráfico ilegal de personas. A su juicio, la Audiencia Nacional solo se debe encargar de las causas cuando el delito produzca efectos en lugares distintos.

Por último, esta formación nacionalista propone que se castiguen la participación y la colaboración con organizaciones que tengan por objeto cometer delitos, previendo la suficiente agravación si estos se dirigen contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o integridad sexual o el patrimonio.