MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los tribunales colaborarán con la Administración General del Estado facilitando información sobre los bienes y, en su caso, mejora de fortuna de aquellas personas que no paguen la pensión de los hijos, después de haberse separado de su pareja.
Este procedimiento será introducido, previsiblemente, en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que tramita el Congreso de los Diputados, a través de una enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que recoge Europa Press.
En concreto, los socialistas proponen una nueva disposición a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que plantea la colaboración de los tribunales en los procesos en que se reclamen pensiones alimenticias a favor de los menores.
Este fondo favorece el anticipo de estas cantidades a las partes afectadas en aquellos casos que tengan necesidades perentorias y que carezcan de recursos económicos, principalmente mujeres solas que afrontan el cuidado de los hijos. Posteriormente, el Estado se encarga de que el moroso reintegre las cantidades que correspondan.
En este sentido, los tribunales que conocieran de la ejecución de este tipo de procesos colaborarán con la Administración, una vez que se les notifique el abono de los anticipos, mediante al información de los bienes, el resultado de la ejecución judicial y la posible mejora de fortuna del obligado al pago.
Para ello, el Consejo General del Poder Judicial podrá dictar los reglamentos y protocolos oportunos para la adecuada coordinación entre los órganos judiciales, el organismo encargado de la gestión del Fondo de Garantía de Alimentos y Pensiones Compensatorios, y la Agencia Tributaria.
De esta manera, una vez conocido el anticipo de la pensión por parte del Estado, se podrá compartir información sobre el mantenimiento de la situación de impago y facilitarse los derechos de repetición o reembolso que corresponden a la Administración.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO.
El Grupo Socialista ha presentado otra enmienda sobre el mismo asunto, de tal manera que el Estado se subrogará, "de pleno Derecho", hasta el importe total de los pagos satisfechos, teniendo en cuenta que el importe de la pensión se considera de naturaleza pública y que su cobro se efectúa de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
Las cantidades que deban reembolsarse al Estado tendrán la misma naturaleza y en ambos casos, su recaudación se realizará mediante el "procedimiento administrativo de apremio. Además, los retornos podrán generar crédito en la aplicación presupuestaria.
El Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, actualmente en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia del Congreso, pretende facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de las personas en materia civil y mercantil.
