Las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia son las que más están sufriendo la crisis a todos los niveles. Entre ellas, las personas con discapacidad intelectual que, sin duda, han visto cómo se ha alterado en gran medida su día a día, sus necesidades de apoyo y su situación general.
¿Cómo ha sido el impacto de la Covid-19 en las familias que tienen alguna persona con discapacidad intelectual entre sus miembros? ¿Cómo está afectando la situación en sus distintas esferas vitales? ¿Qué consecuencias puede traer la situación a corto/medio plazo? Estos interrogantes son tan solo algunos de los que podemos replantearnos a la hora de hacer un análisis general de cómo está afectando la crisis a la situación estas personas.
LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA ESFERA SOCIAL
A nivel de apoyos, según los resultados de un estudio realizado por Plena Inclusión en mayo (2020), alrededor de un 97% de las personas con discapacidad que acuden a centros de apoyo diariamente mantuvieron contacto continuo con los profesionales de los mismos durante el confinamiento. Asimismo, el 92,5% de las personas encuestadas consideró que la vuelta a las actividades de su centro de apoyo, fuesen cuales fuesen, supondría una mejora de su estado actual, lo cual demuestra la necesidad de apoyo que mantienen las personas con discapacidad intelectual.
Es por ello que, desde las entidades sin ánimo de lucro pusimos el foco en ofrecer herramientas para la gestión del estado de ánimo y se generaron formaciones online que aseguraron el cumplimiento de los objetivos anuales de los usuarios: relacionadas con la actividad física, relajación, asamblea, habilidades cognitivas, etc. Formaciones que se han sumado a proyectos y planes de apoyo que supusieron, además, un respiro para familias y cuidadores, ya que algunos de ellos se impulsaron de forma presencial manteniendo todas las medidas de seguridad, a través de iniciativas como el programa "Juan Está Contigo" de FUNDACIÓN JUAN XXIII, que supuso un apoyo clave para muchas familias, incluyendo paseos terapéuticos y asistencia para la realización de la compra de productos de primera necesidad, entre otras muchas actividades.
Sin embargo, aunque desde las entidades que trabajábamos en favor de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual estamos abordando la problemática desde diferentes perspectivas, así como prestando todos los apoyos que están en nuestra mano en los diferentes niveles, es necesario un compromiso mayor a nivel social.
SITUACIÓN ACTUAL EN LA ESFERA LABORAL Y ECONÓMICA
Una encuesta del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET), de Fundación ONCE e Inserta Empleo, también realizada en mayo y a la que respondieron más de 1.400 personas, concluye que el 31,1% de la población con discapacidad se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. De hecho, el 53% de las familias que tienen alguna persona con discapacidad entre sus miembros vive con menos de 1.200 euros al mes en núcleos familiares de 3 personas. En el momento de realización de esta encuesta el escenario laboral de las personas con discapacidad era de un 53% de personas desempleadas, por lo que parece que el futuro laboral de estas personas se dibuja complejo y opaco. De ahí la necesidad de prestar ahora más apoyos que nunca en este sentido e implicar a todos los agentes sociales.
Por un lado, en torno al 60% de los actualmente ocupados podrían perder su empleo debido a la temporalidad de sus contratos y a las negativas consecuencias de la crisis. Por otro lado, nos encontramos, además, con un elevado porcentaje de desempleados de larga duración.
Ambas, circunstancias que comprometen aún más la calidad de vida y el acceso a recursos y servicios de estas personas.
Cabe destacar que, además de esto, las medidas de protección social tienen un alcance limitado. De hecho, salvo el 26% que recibe una pensión por incapacidad permanente, el 36% no accede a ningún tipo de prestación. Todo ello nos conduce a la necesidad común de desarrollar acciones para favorecer la inclusión de estas personas en el mercado laboral, evitando situaciones de marginación y pobreza.
NECESIDADES DE ACTUACIÓN
Sólo asegurando oportunidades laborales para todas las personas se puede desarrollar el potencial de cada una de ellas y su libertad en la toma de decisiones. Conseguir este objetivo no es sencillo, y requiere del apoyo, como apuntábamos, de distintos agentes, entre ellos, el
tejido empresarial y, muy especialmente, las Administraciones Públicas que, para empezar, deberían cumplir con la reserva de contratos para las entidades de economía social.
La implicación de estos agentes en este y otros muchos aspectos es esencial para el desarrollo social. Pero, en el caso de las personas con discapacidad, lo es aún más. Además, si tenemos en cuenta que hay discapacidades clasificadas como "de especiales dificultades de inserción", entre las que se encuentra, precisamente, la discapacidad intelectual, comprenderemos que estas deben contar con mayores apoyos que otras y que, por ello, se debe potenciar la formación dual con adaptaciones para estas personas.
Es vital por todo esto que se potencien acciones para impulsar el compromiso social empresarial y de las Administraciones Públicas, para seguir avanzando hacia un futuro más inclusivo, en el que cabemos todas las personas. En el caso de las entidades como FUNDACIÓN JUAN XXIII que trabajamos por esta misión, lo hacemos de la mano de dichas administraciones y de nuestras empresas colaboradoras, atendiendo a sus necesidades e intereses en perfecto equilibrio con las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, diseñando alianzas y generando sinergias que enriquecen a todas las partes implicadas y a la sociedad en su conjunto.
No obstante, aunque en los últimos años la tendencia a desarrollar este tipo de iniciativas es ascendente, lo cual permite conquistar más derechos para las personas con discapacidad y atender a sus necesidades, aún queda mucho por hacer y, ahora, es más necesario que nunca remar juntos en favor de una sociedad más justa e inclusiva.
Javier Arroyo es director general de Fundación Juan XXIII.
