"Sobre los menores en España". Por Rodrigo Pérez, presidente de Mensajeros de la Paz Madrid

El informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores ha provocado un revuelo importante. Algunos de los detalles que este informe contenía pueden resultar escabrosos, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de menores de edad. Celdas de aislamiento sin ventanas, malos tratos, vejaciones y medicación forzosa son, sin duda, métodos que se alejan bastante de lo que pudiera ser una buena educación. Y el ciudadano de a pie que así lo entiende, se sobresalta. Normal. "¿Cómo puede ser?", se preguntará.

Las asociaciones peor paradas en el informe han salido en su defensa. Desmienten las informaciones publicadas y alegan que el Defensor del Pueblo ha obtenido dichas informaciones de las entrevistas mantenidas con los propios menores.

Independientemente de este cruce de acusaciones y defensas por parte de unos y otros, lo que desde Mensajeros de la Paz Madrid queremos transmitir va más allá. Es decir, ¿en quién recae la responsabilidad de gestionar estos centros de menores? Este punto no está definido claramente. Es necesario que se establezcan unos criterios comunes a todas las instituciones, para que situaciones como éstas no se repitan. Nos hace falta un marco de actuación.

Por ejemplo, no existen criterios claros para manejar términos legales como son la tutela y la guarda. Se está reduciendo la prevención, con intervenciones más tardías en situaciones familiares conflictivas que acaban perjudicando al menor que las sufre. No hay procedimiento que asegure suficientemente el derecho del menor a ser oído como establece el Código Civil.

Y, por supuesto, habría que hablar de los menores que llegan a la mayoría sin haber obtenido la tutela de adultos y que tienen que seguir donde están o irse a la calle, según el caso, porque no hay plaza prevista para ellos al llegar ese término. Llegar a la mayoría de edad para estos jóvenes es un verdadero problema, pero lo es más en el caso de los menores extranjeros que, además se tienen que enfrentar a una vida 'adulta' sin documentación. El colapso del sistema judicial también les afecta, y las sentencias dando la razón a los menores vienen años después, cuando quizás sea demasiado tarde.

Las personas que trabajan con estos jóvenes en general son personas preparadas y con ganas pero que se frustran cuando se acerca la mayoría de edad, pues en este sistema cerrado es muy difícil hacer planes más allá de los 18 años. Sin embargo, en otros países europeos se contemplan ayudas a esta población hasta los 30 años.

El Informe del Defensor del Pueblo saca a la luz problemas que no se pueden dejar pendientes porque pasan factura a la sociedad y es ésta la que debe definir su modelo de convivencia.

Rodrigo Pérez Perela es presidente Mensajeros de la Paz Madrid.